De este modo, el Ejecutivo abre una vía para que, a partir del 9 de mayo, las comunidades puedan seguir adoptando medidas que supongan la limitación de derechos o libertades fundamentales, como los cierres perimetrales o el toque de queda. Es decir, no descarta que se puedan mantener estas restricciones, pero deja al Supremo la última palabra al respecto.

En concreto, el decreto aprobado para regular el fin del estado de alarma establece que los gobiernos autonómicos podrán interponer recursos de casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo, y que éstos deberán resolverse en cinco días hábiles.

"Unificar doctrina" y "dar garantías" a las comunidades

El Gobierno pretende que el Supremo pueda así "unificar doctrina" y "dar garantías" a las comunidades sobre las medidas a tomar para seguir conteniendo los contagios de coronavirus, una vez decaiga el próximo sábado el estado de alarma.

Según ha explicado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de una "innovación jurisdiccional" que ofrece a las comunidades autónomas un "paraguas de protección" en esta nueva fase y permite "afrontar la salida del estado de alarma con tranquilidad y seguridad".

"Hemos modificado que, para que todas las CCAA puedan proponer lo mismo para proteger a los ciudadanos, y si en un momento hay una discrepancia, que el Tribunal Supremo unifique y decida por todos y para todos"

"Hemos modificado que, para que todas las CCAA puedan proponer lo mismo para proteger a los ciudadanos, y si en un momento hay una discrepancia, que el Tribunal Supremo unifique y decida por todos y para todos", ha defendido Calvo, tras hacer hincapié en que ahora todas las administraciones podrán trabajar "en pie de igualdad, incluso en aquellos supuestos que impliquen decisiones que limiten derechos".

El Gobierno quiere evitar la situación que se dio el verano pasado cuando, tras el fin del estado de alarma, los tribunales no avalaron en algunos casos las restricciones aprobadas por los gobiernos autonómicos, produciéndose contradicciones entre territorios.

Ante el riesgo de que vuelva a ocurrir lo mismo, varios gobiernos autonómicos llevan semanas pidiéndole al Gobierno que prorrogara el estado de alarma hasta tener más controlada la pandemia. Además, el PP y otros partidos de la oposición exigen un 'plan b' jurídico para reformar la legislación sanitaria y evitar la necesidad de contar con el aval judicial.

El Ejecutivo sigue defendiendo que cualquier medida que afecte a la limitación de derechos y libertades fundamentales, como el toque de queda o los cierres perimetrales, tiene que contar bien con el paraguas del estado de alarma -que permite restringir esos derechos- o con el aval de un juez.

No obstante, para garantizar que el criterio judicial sea el mismo "para todos", sí ha decidido modificar la ley que regula el contencioso administrativo para que sea el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra, y los gobiernos autonómicos tengan posibilidad de evitar una decisión contraria del Tribunal Superior de Justicia que le corresponda.

Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma, que les otorgaba este estatus, según explican fuentes jurídicas a Europa Press.

"Nos parece que lo razonable es que el auxilio del Tribunal Supremo nos sirva a todos, y que la Abogacía del Estado también pueda recurrir y reforzar la posición de un territorio autonómico, y que no sometamos a todos, teniendo en cuenta datos distintos, a los mismo rigores, porque la pandemia va evolucionado"

"Nos parece que lo razonable es que el auxilio del Tribunal Supremo nos sirva a todos, y que la Abogacía del Estado también pueda recurrir y reforzar la posición de un territorio autonómico, y que no sometamos a todos, teniendo en cuenta datos distintos, a los mismo rigores, porque la pandemia va evolucionado", ha justificado.

En este sentido, ha defendido que con esta decisión le ofrecen a las comunidades autónomas "mas garantías con las decisiones que tomen". "Esto significa que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes para seguir luchando contra la pandemia, con una nueva capacidad de protección y de igualdad para todos, que será la que ofrezca el Supremo", ha defendido.

Sobre el alcance de las restricciones que las comunidades podrán seguir adoptando sin estado de alarma, Calvo ha asegurado que debe ser el Supremo el que se pronuncie, en base a la argumentación que haga cada comunidad por su situación epidemiológica. "Cada decisión que se tome y que pueda ser sometida a los tribunales, lo que requiere es una fundamentación suficiente", ha afirmado.

A diferencia de otras ocasiones, en las que ella misma defendió que el toque de queda solo puede decretarse bajo el paraguas del estado de alarma, ahora no ha descartado la posibilidad de que el Supremo pueda avalar, a su juicio, que se tome esa medida, si es para un determinado territorio, y si el gobierno autonómico lo justifica debidamente.

"Es evidente que el toque de queda generalizado como el que tenemos hasta el 9 de mayo sólo podamos hacerlo en todo el territorio mediante el estado de alarma", ha explicado.

Y a continuación, ha añadido que, sin embargo, las comunidades pueden "justificar, argumentar y proponer a los tribunales situaciones como el toque de queda, los confinamientos o cualquier circunstancia que limite derechos fundamentales", pero sometiéndose "a la autorización judicial".

Asimismo, Calvo ha defendido que ya el verano pasado, los tribunales avalaron en la mayoría de los casos las decisiones que adoptaron las comunidades autónomas cuando no estaba vigente el estado de alarma, y ha agradecido la labor de la justicia.

"Lo que hemos constatado es que, en términos generales, la justicia ha acompañado, cumpliendo con su función de garantizar las decisiones que había que tomar", ha explicado, al ser preguntada sobre si el Gobierno da por hecho que el Supremo va a avalar la adopción de las restricciones que adopten las comunidades, cuando recurran a él ante la decisión contraria de algún TSJ.

A este respecto, Calvo ha querido dejar claro que el Gobierno respeta la independencia del poder judicial y no "prejuzga nada", pero sí ha podido "constatar" en estos meses esa función de "acompañamiento" de la justicia, en la mayoría de los casos. "Es una realidad que ha sido muy positiva para todos los poderes del Estado", ha apostillado.

"Con todo esto hemos preparado lo que nos parece que era importante: la salida del estado de alarma con responsabilidad, prevención, ponderación y eficacia, en coordinación con otras administraciones públicas", ha recalcado.

Asimismo, ha afirmado que no considera que sea necesario reforzar con más efectivos esta Sala Tercera. Además, ha precisado que el Tribunal Supremo era conocedor de la medida que hoy ha aprobado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Prórroga del escudo social

Por otra parte, el decreto de este martes también incluye medidas para controlar los pasajeros internacionales, y aprueba la prórroga de algunas medidas del escudo social cuya vigencia iba ligada al estado de alarma, como la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID.

También se mantiene la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre. Y se mantiene hasta el 9 de agosto la garantía de suministro de agua y energía y el bono social; la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; y la consideración de servicios esenciales a los recursos contra la violencia de género.