Artículo de opinión por Agustín Martínez
'El trampantojo sanitario de Juanma'
Un artículo imprescindible, el que nos ofrece Agustín Martínez, sobre la crisis sin precedentes que atraviesa la sanidad pública andaluza.
Joaquín Corchero/EP
Moreno, en un acto reciente en el Hospital Reina Sofía.
La sanidad pública andaluza atraviesa una crisis sin precedentes, resultado de una estrategia deliberada del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que busca debilitar cualquier servicio público para justificar su privatización en beneficio de la pléyade “liberal” tan apreciada por el PP. Estas políticas no solo están deteriorando la calidad asistencial de los andaluces, sino que ha desencadenado un escándalo de corrupción sanitaria de proporciones históricas.
La Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación irregular de cerca de 300 millones de euros en contratos sanitarios a clínicas privadas entre 2021 y 2023
La Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación irregular de cerca de 300 millones de euros en contratos sanitarios a clínicas privadas entre 2021 y 2023. Estos contratos se otorgaron utilizando procedimientos de emergencia justificados por la pandemia, a pesar de que el marco legal que permitía tales adjudicaciones ya había sido derogado. El PSOE, que presentó la denuncia, sostiene que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continuó utilizando esta fórmula de manera irregular, extendiendo contratos y evitando los procedimientos ordinarios de contratación pública, mucho más allá del periodo que justificaría los procedimientos extraordinarios.
Además, se ha denunciado el fraccionamiento de contratos para eludir controles y facilitar adjudicaciones directas, lo que podría constituir un delito de prevaricación administrativa. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha solicitado a la Junta de Andalucía toda la documentación relacionada con estos contratos, incluyendo correos electrónicos y comunicaciones con las empresas adjudicatarias.
En una decisión sin precedentes, la Cámara de Cuentas de Andalucía, controlada por PP y Vox, ha paralizado la fiscalización de los contratos menores de la Junta correspondientes a 2022 y 2023, a pesar de que el informe ya estaba avanzado y aprobado técnicamente
La respuesta del Gobierno andaluz ha sido la opacidad y la obstrucción. En una decisión sin precedentes, la Cámara de Cuentas de Andalucía, controlada por PP y Vox, ha paralizado la fiscalización de los contratos menores de la Junta correspondientes a 2022 y 2023, a pesar de que el informe ya estaba avanzado y aprobado técnicamente. La justificación fue la existencia de investigaciones judiciales en curso, aunque estas no afectaban directamente al periodo fiscalizado.
Esta situación ha generado una profunda indignación en la oposición y en la ciudadanía. El PSOE-A ha anunciado acciones legales para salvaguardar la autonomía de la Cámara de Cuentas, mientras que Por Andalucía ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para dirimir responsabilidades políticas por la corrupción en la contratación del SAS.
Los incumplimientos en los compromisos de apertura de nuevos centros hospitalarios comarcales y el desastroso plan verano que ha llevado a sindicatos y pofesionales a advertirnos que mejor no nos pongamos malos en los próximos meses
Las insoportables listas de espera que colocan a Andalucía como la comunidad autónoma con mayores tiempos de espera quirúrgica y de especialidades; el desastre de la atención primaria, donde es misión imposible conseguir una cita con tu médico de cabecera antes de quince días; el fracaso de todos los planes de choque anunciados a bombo y platillo por la Junta de Andalucía para invertir esas tendencias; los escandalosos cierres de centros de salud como el de Cazorla, o el de Postigo Velutti; los incumplimientos en los compromisos de apertura de nuevos centros hospitalarios comarcales y el desastroso plan verano que ha llevado a sindicatos y pofesionales a advertirnos que mejor no nos pongamos malos en los próximos meses, completan un panorama devastador, para la no hace demasiado tiempo joya de la corona de los servicios públicos de Andalucía.
La estrategia del PP en Andalucía parece clara: deteriorar la sanidad pública para justificar su privatización, beneficiando a empresas privadas afines, baste señalar que desde que gobierna el PP, los seguros médicos privados se han incementado en un 25% en nuestra comunidad. Esta política no solo pone en riesgo la salud de los andaluces, sino que también socava los principios de transparencia y legalidad que deben regir la gestión pública.
Es urgente que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades. La ciudadanía andaluza merece una sanidad pública de calidad, gestionada con transparencia y al servicio del interés general, no de intereses particulares.
No podemos permitir que la corrupción y la opacidad se conviertan en norma en la gestión de servicios esenciales como la sanidad
La gravedad de este caso exige una respuesta contundente por parte de las instituciones y de la sociedad civil. No podemos permitir que la corrupción y la opacidad se conviertan en norma en la gestión de servicios esenciales como la sanidad. Es hora de exigir cuentas y de defender lo público con firmeza.
La sanidad pública andaluza no puede seguir siendo víctima de políticas que la desmantelan y la entregan al mejor postor. Es responsabilidad de todos los ciudadanos exigir una gestión honesta, transparente y orientada al bienestar común, porque la salud no es un negocio, es un derecho. Y como tal, debe ser protegida de quienes buscan lucrarse a costa del sufrimiento de la población.
Es hora de decir basta. Basta de corrupción, basta de opacidad, basta de políticas que destruyen lo público para enriquecer a unos pocos. La sanidad pública andaluza merece ser defendida con todas nuestras fuerzas.
Agustín Martínez
