La Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) presiona al Ayuntamiento de la capital para que revise al alza la base de precios de sus licitaciones. Al no hacerlo, el sector, según han asegurado en una nota de prensa, "tiene al Ayuntamiento de Granada en cuarentena" cuando licita una obra. Esto ha hecho, según desvelan, que la licitación de la construcción de 122 viviendas VPO en Santa Adela haya quedado desierta. 

Los constructores responsabilizan al Ayuntamiento de Granada y aseguran que esta situación hace "imposible la concurrencia de las empresas constructoras a una obra de 12,3 millones de euros".

Explican que el Ayuntamiento de Granada no ha recibido "ninguna oferta" para ejecutar las obras de Santa Adela, cuestión que "pone en riesgo los fondos para ejecutar la obra y el convenio firmado entre Ayuntamiento de Granada, Estado y Junta de Andalucía".

La licitación de la obra de Santa Adela se publicó el 27 de diciembre del pasado 2022 otorgando plazo hasta el 26 de enero de 2023, "sin que ninguna empresa haya concurrido a la licitación".

En este sentido, la Asociación de Constructores y Promotores de Granada indica que, en las reuniones periódicas mantenidas con el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, "se ha advertido en reiteradas ocasiones del riesgo que el Ayuntamiento corre de que las obras se queden desiertas y/o de que el contratista abandone una obra municipal" por los motivos que detalla así:

• "El Ayuntamiento de Granada no ha actualizado las bases de precios con las que licita, a pesar del inmenso incremento de los precios experimentado en 2021 y 2022. Es decir, los precios de partida son precios no acordes a los del mercado".
• "El Ayuntamiento de Granada se ha negado a acogerse al Decreto de Revisión de precios del Estado (RD 3/2022), ni al DL 4/2022 (de la Junta de Andalucía). Cuestión que genera gran incertidumbre e inseguridad jurídica en las empresas constructoras".
• "El Ayuntamiento de Granada incumple sistemáticamente la norma al pagar sus facturas en plazos medios muy superiores a los 30 días que marca la Ley; Llegando a pagar certificaciones en plazo de 150 días. Cuestión insoportable financieramente por las empresas".

"Todas estas circunstancias hacen que el sector de la construcción tenga al Ayuntamiento de Granada “en cuarentena” cuando este licita alguna obra, ya que resulta prácticamente imposible construir un edificio de 122 de viviendas con esas condiciones".

Los promotores lamentan que el Ayuntamiento no haya movido "una coma de sus criterios de licitación, en una actitud cuando menos reprochable".

"Esta misma semana, el lunes 30 de enero, ACP Granada exponía nuevamente a la cúpula de Urbanismo un informe de la Junta consultiva de Contratación (27/2022) que obliga a los Ayuntamientos a aplicar el Decreto de revisión de precios y su carácter vinculante. Sin que en el Ayuntamiento de Granada haya hecho nada al respecto desde el pasado 2 de marzo, fecha de publicación del Decreto de revisión de precios".

Desde ACP Granada lamentan que "el Ayuntamiento de Granada desprecie de forma sistemática las alertas que el sector de la construcción le lanza y esperan una inmediata corrección de las cuestiones comentadas con la finalidad de poder reestablecer la confianza con un sector que es fuente de empleo en la provincia y generador de ingresos del Ayuntamiento de Granada y exigen la máxima diligencia para evitar la pérdida de las partidas presupuestarias públicas que sostienen esta importante obra para Granada".

En su nota señalan que "las obras debían comenzar antes del 21 de marzo de 2023 (6 meses desde la resolución de la Junta de Andalucía), cuestión de imposible cumplimiento al haber quedado la obra desierta".