La Junta de Andalucía, la misma que autorizó y declaró de utilidad pública la planta fotovoltaica Fargue I -junto al barranco de San Jerónimo, entre la urbanización Nuevo Jun y El Fargue, aunque ubicada en el término municipal de Víznar-, ha paralizado ahora las obras del megaparque tras ser denunciada por su propia Policía autonómica por varias infracciones medioambientales, unas irregularidades ya denunciadas anteriormente por colectivos vecinales y ambientales. 

Tras detectarse estos "incumplimientos" y en tanto la empresa adopta las "medidas que corresponda para dar cumplimiento" a lo estipulado en la correspondiente Autorización Ambiental Unificada, se ha procedido a la paralización de los trabajos, según han indicado fuentes de la Junta consultadas por Europa Press. Igualmente se ha activado el procedimiento para la imposición de una sanción de 300.401 euros.

La Policía Adscrita a la Junta llevó a cabo a final de enero una inspección y denuncia por varias infracciones ambientales de las obras de explanación de los terrenos a cargo de maquinaria pesada. En el momento de la inspección los funcionarios policiales detectaron "diversas infracciones medioambientales" relacionadas con "eliminación de vegetación forestal por enterramiento" o "daños en encinas por vertimiento de tierra sobre ellas sin adoptar medidas de seguridad y careciendo de la preceptiva malla de protección".

También detectaban los agentes "disminución del cauce por movimiento de tierras" de un barranco del entorno que "actúa como drenaje natural y comunica" con el de San Jerónimo.

La Unidad Adscrita dio cuenta a través de sus redes sociales de esta actuación por infracción ambiental, aludiendo también al sepultamiento bajo tierra de matorral, y al aumento de "riesgo de inundaciones" que las actuaciones denunciadas han podido conllevar. "El desarrollo debe ser sostenible" y "proteger el medio ambiente es una obligación", aseveraba en este mismo mensaje.

Denunciada reiteradamente

Las obras de esta planta fotovoltaica, promovida por la empresa Brazatortas SL, han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por la plataforma vecinal “No a la planta fotovoltaica El Fargue I', que reclamó insistentemente la suspensión cautelar de las obras y el inicio de procedimientos sancionadores, como así ha ocurrido finalmente, así como por la Plataforma Di No a las Torres y la Plataforma en Defensa de la Vega, integrada por media docena de asociaciones ambientales, que pidió a finales de octubre paralizar los trabajos "antes de que los perjuicios e impactos negativos lleguen a ser irreversibles".

En concreto, la Plataforma Di No a las Torres ya alertaba en octubre de que los movimientos de tierras de las obras estaban "arrancando presuntamente encinas y matorral" , y que "con esas tierras se están enterrando barrancos", y que los trabajos se estaban realizando "en periodo de riesgo alto de incendios".

Según ha indicado Ecologistas en Acción, el inicio de procedimiento sancionador, así como la paralización de las obras  se ha comunicado al Ayuntamiento de Viznar, que ahora tiene que pronunciarse respecto de la legalidad urbanística de la obra, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por existir presuntas infracciones en materia de aguas.

Sin embargo, para Ecologistas en Acción, que se ha valorado que "al fin se tomen medidas" contra las obras de la megaplanta, la actuación de la Junta llega "demasiado tarde, dado el carácter irreparable de los daños". 

El procedimiento sancionador, según eplica Ecologistas en Acción, constata que “se ha producido una modificación sustancial del proyecto, pues se ha usado maquinaria pesada en las labores de desbroce y acondicionamiento del terreno así como en el tratamiento de las pendientes superiores al 20%”, tipificado en la la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, como “infracción muy grave”, por los daños ocasionados al medio ambiente. El resto de incumplimientos, la administración los califica como “infracción grave”.

La megainstalación fotovoltaica Fargue I fue declarada de utilidad pública por la Junta de Andalucía a principios de 2023, con lo que la empresa promotora tuvo vía libre, a través de expropiaciones, para iniciar las obras. Fueron expropiada una veintena de parcelas, tanto de Víznar como del término municipal de Granada, para la implantación de la instalación fotovoltaica y de su línea de evacuación eléctrica.