La Plataforma en Defensa de la Vega y su entorno presenta a la Junta un decálogo de propuestas para la instalación de proyectos de energía renovables
Desmontes en Víznar. ecologistas en acción/archivo
La Plataforma en Defensa de la Vega y su entorno ha presentado, en el marco del proceso de consulta pública previa que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía, aportaciones al Proyecto de Decreto de la Integración y la mayor repercusión económica y social de las energías renovables en los municipios andaluces. Se trata de un decálogo de aportaciones en las que reclama una vez más una moratoria sobre la instalación de renovables, dado que la proliferación de proyectos está ahora "destruyendo" ecosistemas agrarios tan valiosos como la Vega de Granada o campiña, cereales y olivar en Lopera, Arjonilla o Marmolejo, en Jaén.
Las aportaciones, que reproducimos en esta información, subrayan la necesidad de que la transición energética en Andalucía responda a los criterios de "eficiencia y sobriedad, solidaridad, sostenibilidad y participación democrática". Sobre esos ejes pivotan sus propuestas, que piden "detener el despliegue de renovables en zonas agrarias y forestales" en tanto que estudios científicos permitan conocer el impacto de estos megaproyectos. De ahí que insistan en la idea de una moratoria para dimensionar estas infraestructuras y planificarlas. Todo ello bajo el convencimiento, según apunta la plataforma ciudadana, de que la actual política de implantación impulsan "energías renovables insostenibles basadas en la especulación".
Reproducimos a continuación, en su integridad el decálogo de propuestas de la plataforma:
En 2024 y en al 2025 en España, y sobre todo en Andalucía, se siguen impulsando las energías renovables insostenibles basadas en la especulación y en el desarrollo masivo de instalaciones a gran escala realizadas con mínimas garantías ambientales, sin el consenso social necesario y buscando el máximo desarrollo en el mínimo tiempo, creando verdaderos conflictos sociales y de rechazo en el medio rural donde se ubican estas instalaciones.
El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca objetivos para los próximos seis años que incurren nuevamente en los mismos errores, en un contexto de disminución de la demanda energética.
Es necesario acabar con las burbujas especulativas que ponen en riesgo tanto nuestro futuro como la región de sacrificio donde se implantan estas instalaciones, como es en Andalucía, con megaproyectos poco sostenibles, obviando los verdaderos problemas como son el empobrecimiento de nuestros suelos, la necesidad de un cambio agroalimentario, la escasez y contaminación del agua, el avance de la desertificación, la dramática crisis de biodiversidad y la escasez de recursos naturales por la sobreexplotación de los mismos.
Tenemos que insistir en realizar un cambio radical en la política energética y ambiental, con el conocimiento de las universidades y en el ámbito de expertos y científicos, basado en los siguientes diez puntos:
1. Establecer una moratoria sobre la instalación de renovables de todos los proyectos que provocan especial alarma social y/o un evidente impacto ambiental, social y de empleo, como los que actualmente se están ejecutando en Andalucía, que destruyen valiosos ecosistemas agrarios como vegas en Granada, y espacios de campiña, cerealistas o de olivar como está ocurriendo en Lopera, Arjonilla y Marmolejo en la provincia de Jaén, donde los proyectos que se están tramitando pueden llegar a arrancar para su implantación unos 500.000 olivos, una parte de ellos centenarios, con la consiguiente repercusión que está produciendo en los pueblos donde el olivar es fuente de trabajo y sustento familiar. Igualmente, en Andalucía existen otros proyectos con gran impacto en el medioambiente y sobre espacios de la Red Natura 2000, incluso cercanos al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
2. Detener el despliegue de renovables en zonas agrarias y forestales mientras no se tengan los estudios científicos necesarios que permitan conocer realmente los impactos de estas instalaciones industriales en la biodiversidad. Es imprescindible realizar las modificaciones necesarias en la ley de evaluación medioambiental y en los estudios de impacto y de vigilancia ambiental, estudios que no deben dejarse en manos de las empresas y entidades privadas promotoras de dichas instalaciones.
3. Planificar el despliegue de renovables teniendo en cuenta la opinión pública andaluza y a los colectivos locales que conocen el territorio, teniendo igualmente presente los estudios científicos, y respetando la biodiversidad y las poblaciones rurales. No se pueden seguir ignorando los dramáticos datos de mortalidad de especies amenazadas y, en teoría, protegidas por nuestra legislación. Esta planificación de las renovables también precisa siempre de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para cumplir con la legislación de la UE, y sobre todo en zonas de Andalucía con alta sensibilidad medio ambiental.
4. Realizar un seguimiento detallado de la implantación realizada hasta ahora de las renovables, con transparencia y rendición de cuentas. Eliminar las mega instalaciones de producción de energía renovable que presentan un gran impacto paisajístico, sobre la biodiversidad y/o sobre el medio productivo primario. Por otro lado, es fundamental restaurar los ecosistemas locales.
5. Dimensionar la instalación de renovables acompasada con la demanda energética real para evitar que el exceso de producción eléctrica se pierda, como está sucediendo actualmente, dado que se está generando dicho exceso al mismo tiempo que disminuye la demanda de electricidad.
6. Impulsar el desarrollo de superficies solares en zonas antropizadas con el mínimo impacto ambiental, económico y social: superficies comerciales, polígonos industriales, parkings, y todo tipo de infraestructuras existentes, áreas ferroviarias, zonas de autopistas y demás infraestructuras terrestres, zonas mineras de mínimo impacto, canteras, vertederos cerrados, invernaderos, canales de riego, zonas degradadas, etc., para evitar ocupar ecosistemas agrícolas o forestales que tienen mucho mayor valor ecológico y contaminen el paisaje andaluz.
7. Analizar los problemas asociados al funcionamiento diario de las instalaciones, en el corto y medio plazo, y a su desmantelamiento: degradación de los suelos, erosión, contaminación, generación de residuos industriales, reciclaje y limpieza de palas, aceites, restos de instalaciones, etc. El análisis de los problemas debe incluir los efectos de estas instalaciones industriales sobre la salud humana y los posibles efectos sobre ellas mismas de los fenómenos meteorológicos extremos. Hay que realizar un análisis completo del ciclo de vida y su huella de carbono (minería de las materias primas, transporte, construcción e instalación, mantenimiento y desmantelación etc) tanto en la producción por grandes aerogeneradores como en las instalaciones masivas de placas fotovoltaicas.
8. Evitar la desigualdad de implantación de megaproyectos tanto en comunidades autónomas como en municipios con condiciones similares. Actualmente las comunidades autónomas que más consumen son las que menos producen, mientras otras comunidades (zonas de sacrificio) como pasa en Andalucía son ya exportadoras de energía y aun así se siguen implantando proyectos de energía renovable en sus territorios.
9. Promover y fomentar en Andalucía ayudas públicas para que los hogares puedan instalar en sus tejados o fachadas hasta 3,5 kW sin ningún tipo de permiso, respetando siempre las figuras de protección del patrimonio que puedan existir, para conseguir un desarrollo masivo de las instalaciones de autoabastecimiento. Es muy importante fomentar asimismo las comunidades energéticas, haciendo que lleguen al máximo número de habitantes en zonas rurales y urbanas. El autoconsumo y las comunidades energéticas son la mejor herramienta para impulsar el desarrollo de las zonas rurales y para luchar contra la pobreza energética, muy presente también en las áreas urbanas. Es urgente eliminar las trabas al vertido de excedentes en las instalaciones de autoconsumo de las PYMES, lo cual facilita mejorar su competitividad.
10. Aumentar la participación pública e informar adecuadamente en las poblaciones rurales sobre las oportunidades reales de desarrollo que ofrecen las instalaciones masivas de producción renovable: no crean empleo en el lugar de su ubicación, no ayudan a fijar población (de acuerdo con los informes del Banco de España), y por tanto no favorecen el desarrollo sino la despoblación. Controlar el uso abusivo que se está haciendo de la figura de “declaración de interés público” con el fin único de expropiar a los legítimos propietarios de la tierra para la obtención de un beneficio económico totalmente privado.
En definitiva, la transición energética en Andalucía debe guiarse por los principios de:
- Eficiencia y sobriedad; la transición energética debe ahondar en el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía, incluyendo el decrecimiento como variable macro en la ecuación.
- De solidaridad; la transición energética debe contribuir a solucionar la pobreza energética, y también a disminuir las desigualdades entre territorios, y no a exacerbarlas.
- De sostenibilidad; la transición energética no puede realizarse a costa de la destrucción de la biodiversidad y de los recursos naturales, cambiado la fisonomía del paisaje andaluz.
- Y de participación democrática; la ciudadanía andaluza tiene el derecho de participar en la toma de decisiones y de elegir libremente qué modelo energético quiere.
