Feragua, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, ha demandado en Granada la condonación de los cánones y tarifas de 2022 de los regantes del sistema de los Bermejales, exención de la que no pueden beneficiarse a pesar de sufrir una restricción del riego del 66 por ciento -el embalse está a solo el 23% de su capacidad-, siendo el "obstáculo que lo impide es un mal diseño del Plan de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que excluye de forma incomprensible de la situación de emergencia a un sistema con este nivel de restricciones", según relata el colectivo.

Por ello, en la Junta de Explotación celebrada este miércoles en Granada, el secretario general de Feragua, Pedro Parias, ha pedido al organismo de cuenca una revisión del Plan de Sequía, por entender "que carece de sentido que un sistema de explotación con unas restricciones del nivel de Bermejales (66% de restricción) no sea considerado de emergencia de cara a la condonación de cánones y tarifas".

En esta misma dirección, ha solicitado complementariamente que se modifique el Real Decreto-Ley de forma que la condonación de cánones y tarifas para este año 2022 esté vinculada a las restricciones de dotaciones que sufren las zonas regables y no a la situación o no de emergencia de acuerdo al Plan de Sequía.

"Por una vía u otra, lo que está claro es que hay que solucionar lo de los regantes de este sistema, y permitirles que se beneficien de la exención total de los cánones y tarifas, ya que como no tiene sentido que con este nivel de restricciones no puedan hacerlo y el Estado no considere a este sistema en situación de emergencia", ha declarado el secretario general de Feragua, Pedro Parias, en la Junta de Explotación celebrada en Granada.

Rectificación del método de cálculo

En su intervención, el secretario general de Feragua ha demandado también a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una rectificación a fondo del cálculo de los cánones de regulación de todos los sistemas de explotación de la cuenca del Guadalquivir propuestos para el año 2023 incluyendo todos los sistemas de explotación de la provincia de Granada; Quéntar-Canales, Cubillas-Colomera, Bermejales, Francisco Abellán-Hoya de Guadix, La Bolera-Guadalentín, y Baza- Huesca; y el Sistema de Regulación General.

Los regantes consideran que el organismo de cuenca viene "repercutiendo de forma ilegal partidas relacionadas con planificación, gastos de comisaría, caminos, vertidos, lucha contra incendios, calidad del agua, etc., que no tienen nada que ver con las obras de regulación de las que son beneficiarios, y piden que todos estos costes sean restados del cálculo de los cánones".

En defensa de esta tesis, y durante la Junta de Explotación celebrada en Granada, el secretario general de Feragua, Pedro Parias, ha esgrimido varios resoluciones recientes del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) confirmando que no se pueden repercutir en el canon de regulación, bajo el concepto "gastos de administración del organismo", todos los costes o gastos ocasionados por las actuaciones que se realicen en beneficio de los usuarios o velen por el uso eficiente del agua, por muy necesarias que sean, sino exclusivamente, los gastos que sean de administración y estén relacionados de forma directa, clara y específica con sus funciones de regulación del agua, porque así es como está previsto en la Ley de Aguas.

El canon de regulación es una tasa que deben abonar los usuarios del agua que se benefician de la existencia de las obras de regulación (presas y embalses) que existen en una cuenca hidrográfica. Cada año, el importe de este canon se calcula a partir de tres conceptos, recogidos en la Ley de Aguas: Gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas; Gastos de administración del organismo gestor imputables a dichas obras; y recuperación de la inversión hecha por el Estado.

Desde 2017, Feragua ha venido recurriendo los cánones de regulación porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha insistido en el criterio de incluir en el apartado de inversiones que no son gastos de administración imputables a las obras de regulación.

Con el aval de las sentencias del TEAC a su favor, Pedro Parias ha advertido a los representantes del organismo de cuenca que "el cálculo de las nuevas tarifas de 2023 vuelve a ser ilegal" y ha demandado que se excluyan todos los gastos que no sean de administración e imputables a las obras de regulación.

De forma específica, ha señalado que deben eliminarse todos los gastos de planificación hidrológica (316.758,67 euros), todos los relativos a arreglo de caminos (535.254,33 euros), los relacionados con actuaciones hidrológico-ambientales (167.841,60 euros), así como los de tramitación de expedientes sancionadores (366.365,11 euros). "En total, más de un millón de euros que se pretende repercutir a los regantes de forma improcedente, contraviniendo claramente la Ley de Aguas, como acaba de confirmar el TEAC".

De acuerdo con las conclusiones de su asesoría jurídica, Feragua considera que todas estas resoluciones del TEAC, recientemente notificadas, deben llevar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a una reelaboración de los cánones de regulación para el año 2023, que descuente todos los gastos que no sean de administración e imputables a las obras de regulación.