El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, denuncia que más de 25 agricultores que producen frutales tropicales y subtropicales en la zona de la Gorgoracha "sufren las negativas consecuencias de la construcción de la megaplanta solar Virgen del Rosario", en Motril, y exige a las Administraciones "una regulación estricta que impida el uso de suelo agrícola fértil para instalar este tipo de plantas".

"Un tremendo perjuicio". Eso es la Unión de Pequeños Agrigultores (UPA) de Granada denuncia que están sufriendo más de 25 agricultores que producen frutales tropicales y subtropicales en la zona de la Gorgoracha, en Motril. La construcción de la megaplanta solar Virgen del Rosario, que ocupa más de 40 hectáreas al este del núcleo urbano de Motril, ha traído consigo "la expropiación de sus parcelas de labor para instalar las líneas necesarias para la puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica", dice UPA en una nota.

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, denuncia que “la ejecución de dicha obra está causando un grave perjuicio a agricultores y explotaciones, ya que instalar esas líneas afectará negativamente a los cultivos existentes, a su producción, a los sistemas de riego y al resto de inversiones realizadas por los propietarios para mejorar la elaboración de alimentos, tan necesarios para garantizar la seguridad alimentaria de la población”.

La megaplanta Virgen del Rosario ha conllevado la expropiación de cerca de un centenar de parcelas para ubicar las torretas eléctrricas de la línea de evacuación, de más de 9 kilometros, y que bordea Motril de este a oeste, tras ser declarada de utilidad pública por la Junta de Andalucía, al igual que ha hecho el Gobierno central con otras muchas megainstalaciones fotovoltaicas y eólicas de la provincia, que han supuesto la expropiación de más de 2.200 parcelas en los últimos dos años. 

Nicolás Chica Escanes afirma que UPA Granada está “a favor de las plantas solares y de las energías renovables”, pero sin que su construcción e instalación suponga “que un solo agricultor vea comprometida la superficie de labor de sus explotaciones como consecuencia de unas expropiaciones amparadas por el marco jurídico actual para la instalación de plantas fotovoltáicas”. “No podemos olvidar que el suelo en el que producimos alimentos es el patrimonio más grande que tiene cualquier sociedad y, debido a su importancia, estamos obligados, todos, a preservar”, afirma el secretario general de UPA Granada. 

Indefensión

Ante esta indefensión de los agricultores, Nicolás Chica Escanes exige que se desarrolle “una regulación normativa estricta que impida la retirada de suelo fértil productivo para la implantación de megaplantas de generación eléctrica”. Asimismo, remarca lo que desde UPA Granada se califica como “inacción” de las comunidades autónomas ante el “avance desproporcionado de este tipo de instalaciones”.

“En la actualidad, las Administraciones se escudan en el interés social o en la utilidad pública para facilitar la instalación de megaplantas solares o fotovoltáicas en terrenos fértiles y autorizar expropiaciones que, en la mayoría de los casos, van en contra de los propietarios porque, en primer lugar, no quieren vender a la empresa, casi siempre privada, que promueve la instalación y, en segundo lugar, no perciben un precio justo por sus tierras. Además, no encontramos una razón lógica que justifique construir este tipo de plantas en terrenos agrícolas fértiles, sobre todo cuando hay mucho suelo en polígonos industriales que está en desuso y que podría albergar este tipo de construcciones”, argumenta Nicolás Chica Escanes.

En la actualidad, la expropiación de una finca de propiedad privada por parte de las Administraciones públicas está regulada por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que establece que para proceder a dicha expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectar el objeto expropiado. También regulan esta práctica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico.

Con este marco normativo, la Administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, debe justificar que existe dicha utilidad pública o interés social. Ante esta realidad, desde UPA Granada “instamos a que se desarrolle una legislación que blinde a las superficies productivas frente a estos procedimientos expropiatorios, permitiendo únicamente la instalación de parques solares, sus líneas y demás infraestructura en terrenos improductivos y que no sean de labor”, concluye el secretario general de UPA Granada.