El gobierno municipal que preside Marifrán Carazo en la capital tendrá que dar explicaciones por la gestión de las multas, tras salir a la luz conversaciones en las que el ya exjefe de la Policía Local de Granada y otros mandos se referían a la supuesta retirada de sanciones a políticos.

Como ha recogido El Independiente de Granada, policías que se negaron a esas prácticas fueron expedientados y trasladados a otros puestos. A todo ello se suma el 'apagón' en la transparencia de la tramitación de esas multas, tras retirar el permiso a los agentes para hacer el seguimiento de las mismas, un control que se atribuyó y concentró Jiménez Avilés. 

Tanto la situación de esos policías como el 'apagón' en la transparencia de la tramitación de las multas era conocido por el gobierno municipal, porque fue abordado en distintas reuniones y sindicatos alertaron, a través de escritos, dirigidos también a la alcaldesa.

El gobierno municipal del PP, que está obligado por ley a dar cumplimiento a esa petición, ha fijado ese pleno para el 12 de marzo

El grupo socialista registró una petición de pleno extraordinario reclamando esas explicaciones. El gobierno municipal del PP, que está obligado por ley a dar cumplimiento a esa petición, ha fijado ese pleno para el 12 de marzo. 

Los audios que presuntamente reflejan estas irregularidades -que ha ido publicando The Objective- son demoledores. De un lado, el entonces jefe de la Policía Local supuestamente señala que ha retirado una multa a una concejala por que le "salió de la polla". A esa conversación se suma otra en la que, de acuerdo con la grabación, da instrucciones para que se registren quejas contra los policías que suponían un obstáculo para esas prácticas.

Es otro escándalo que se suma a las presuntas irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción 4 por presuntos amaños en oposiciones a Policía Local. En el marco de esa investigación, la UDEF registró la Jefatura de la Policía Local de Granada, así como dependencias municipales en la capital y en municipios como Albolote y Algarinejo, además de un local del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada, mayoritario en el Cuerpo.

A diferencia del audio que sí llevó a la Fiscalía, el gobierno municipal no ha informado de que haya hecho lo mismo con estas grabaciones, que se refieren a otras supuestas irregularidades.

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