Fiscalía acusa a la exedil de Urbanismo con el PP y tres directivos de "desprecio a la legalidad" para beneficiar a un promotor
Sede de la Fiscalía en el antiguo Banco de España. álex cámara/EP archivo
La Fiscalía acusa a Isabel Nieto, exconcejala de Urbanismo del PP en anteriores mandatos, al hombre fuerte del área y a otros dos funcionarios de "desprecio a la legalidad" con el objetivo de beneficiar al promotor José Julián Romero. Así se recoge en el escrito de acusación formulado en el marco de la pieza San Jerónimo, una de las que queda activas, junto a la del Pabellón Mulhacén, del caso Nazarí. La fiscal, que pide la apertura de juicio oral, solicita dos años de prisión para cada uno de los acusados, además de inhabilitación especial durante nueve para empleo o cargo público por prevaricación urbanística.
Con sus acciones vulneraron la legalidad urbanística aplicable, según la Fiscalía, alegando "razones de interés público inexistente" cuando solo beneficiaron al promotor
Es el tercer intento de llevar a juicio estas irregularidades urbanísticas, tras los recursos de la defensa que han prosperado en las dos anteriores ocasiones ante la Audiencia Provincial. Una vez más, la jueza, siguiendo lo establecido por la Audiencia, ha emplazado a las partes a que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento, una vez que el último auto de la Audiencia -de octubre del pasado año- ya es firme y con las salvedades establecidas. Con esos recursos aceptados se sacó como acusado al promotor José Julián Romero, a la que Fiscalía señala como responsable civil, en la cantidad de 1,4 millones. El Ayuntamiento de Granada es responsable civil subsidiario.
Relata en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, que Isabel Nieto, Manuel Lorente y otros dos funcionarios del área de Urbanismo -G.N.C y E.M.H.- "se pusieron de acuerdo con la finalidad de beneficiar a José Julián Romero y a sus empresas. Con sus acciones vulneraron la legalidad urbanística aplicable, según la Fiscalía, alegando "razones de interés público inexistente".
Isabel Nieto durante el juicio del caso Serrallo. á.c./EP archivo
Así, otorgaron licencia de primera ocupación a pesar de no estar concluida la urbanización y no contar con el preceptivo informe de la CHG, por el barrannco que discurre en esa zona.
Para hacerlo "crearon apariencia de legalidad". Lo que se hizo fue una "recepción parcial de las obras".
"La vulneración de la legalidad se produjo tanto en la forma como en el fondo de la resolución como en cuanto a la competencia y procedimiento. Y ello se llevó a cabo por parte de los acusados, con abuso de las funciones propias de su cargo en el consistorio, creando apariencia de legalidad para adjudicar las referidas licencias, a pesar de que conculcaban abiertamente la misma", expone la Fiscalía.
Para la Fiscalía "no se puede alegar interés público porque esos actos solo beneficiaron al promotor"
Así, a pesar de todos los "informes desfavorables" que se habían ido emitiendo -que exigían por ejemplo el proyecto de urbanización ejecutado al completo-, el 24 de julio de 2012 Lorente y uno de los funcionarios levantaron acta de una parte de ese proyecto de urbanización -unos viales y emitieron informe favorable para la ocupación de 300 viviendas. La concejala firmó el mismo día el decreto de licencia de primera ocupación.
El informe contradecía lo que el propio funcionario había señalado en otros anteirores. No hubo informe jurídico que acompañara estas decisiones, recoge el escrito.
La concejala, "compartiendo con los otros acusados el desprecio a la legalidad, concedió la primera ocupacion a pesar de las deficiencias respecto a los proyectos aprobados por el Ayuntamieento y en contra de los criterios de anteriores informes". Entonces el promotor aportó un aval, de 1,8 millones, como "garantía" de que ejecutaría el resto.
Para la Fiscalía "no se puede alegar interés público porque esos actos solo beneficiaron al promotor".
La puesta en servicio parcial de la urbanización, en 2012, "carece de cobertura legal"; el acta de puesta en servicio de parte del proyecto de urbanización fue un "subterfugio legal" y la prestación del aval como garantía de que se iba a ejecutar todo el proyecto, prestada por el promotor, "no tiene sustento legal".
Especialmente grave fue lo referido al barranco y a su desvío. Como indicó la CHG, se incluyeron parcelas netas de edificabilidad en el barranco, a pesar de ser dominio público hidráulico. Y lo que es también importante, se incumplieron los requisitos establecidos de que "bajo ningún concepto" se podría ocupar el cauce original ni el desviado.
La fiscal del caso recuerda que el estancamiento de estas obras de urbanización ha generado "multitud de problemas" a los vecinos, además de problemas de "salubridad" en el entorno, dado que carecen de servicios de limpieza o recogida de basuras.
Responsabilidad Civil
La Fiscalía establece que el promotor y las empresas Casería de Montijo SL y José Julián Consulting SL como responsables civiles y partícipes a título lucrativo, deberán indemnizar los gastos de urbanización pendientes. Para cumplirlo se destinará la cantidad depositada en el Ayuntamiento. Los gastos han sido tasados en 1,4 millones. De esas cantidades, añade la Fiscalía, responde subsidiariamente el Ayuntamiento.
Aclara que no procede la nulidad de la licencia porque esta decisión afectaría a terceros y hace expresa reserva de acciones civiles respecto a los perjuicios ocasionados.
