Que nadie piense que lo que está ocurriendo en Granada es cosa menor, porque no lo es. Tenemos un cuerpo de seguridad local que, según la propia UDEF, se habría convertido en una especie de club selecto donde los favores, los ascensos y los amaños funcionaban a ritmo alegre y la administración municipal, con su regidora a la cabeza, viendo la función como mero espectador en palco VIP y es que, visto lo visto, la alcaldesa Marifrán Carazo, al parecer piensa que gobernar es delegar y “preguntar a la jueza” (literalmente) si hay que mover ficha, cuando quizá lo que el sentido común exige es que ella sea la ficha que se mueva.

Comencemos por el menú: la UDEF describe una “armoniosa simbiosis” entre el Partido Popular y la trama investigada en la Policía Local de Granada. Traducido al lenguaje común: algunos responsables policiales -en régimen de presunta investigación- trabajaban codo con codo con políticos del PP para manejar oposiciones, designaciones, informaciones internas y, de paso, apuntar a quién conviene apuntar políticamente. Un grupo de WhatsApp con nombre, dicen los informes, digno de guion de thriller barato (y no por calidad cinematográfica) da prueba de la anterior afirmación. Y ahora, mientras todo esto sucedía, la alcaldesa decide que su función es “preguntar a la jueza” si debe apartar a los investigados. ¡Bravo! Auténtica democracia de acción retardada.

Implicados investigados por diferentes delitos, incluido el de violencia de género, siguen en puestos de responsabilidad de nuestra policía más cercana

Pero la pieza más delicada de este montaje es lo obvio: miembros principales de la trama investigada siguen prestando servicio en el cuerpo. Sí, has leído bien. Implicados investigados por diferentes delitos, incluido el de violencia de género, siguen en puestos de responsabilidad de nuestra policía más cercana. Una paradójica pirueta moral digna de aplauso si estuviéramos en el teatro del absurdo.

Mientras, la alcaldesa sigue en su papel de espectadora estatuaria: “Estamos a disposición de la justicia”, “preguntamos si hay que tomar alguna medida”, “no vamos a mover ficha hasta que la jueza lo diga”. ¿Y la ciudadanía? ¿Y la Policía decente? ¿Y la confianza en las instituciones? Al parecer, secundario. Eso sí, el tiempo pasa, la comisión municipal abre pieza interna, los concejales del PSOE exigen responsabilidades… y la única respuesta de Carazo es el silencio serrano. 

Lo que cabe preguntarse es: ¿qué representa esa “armoniosa simbiosis”? Representa una institucionalización de lo irregular. No es un caso aislado, es un mecanismo. No es un error humano, es una cultura del “ya que estamos aquí, vamos a ver qué sacamos”. Y lo más sangrante: quienes tienen la obligación de garantizar transparencia, de velar por la legalidad y la justicia, parecen haberse convertido en guardianes de la inacción.

Vamos a ponerlo en claro: cuando un cuerpo policial tiene dentro de sí a 40 de los investigados por diferentes delitos, no estamos ante un desafortunado descuido, estamos ante una muestra de lo que ocurre cuando la errática alianza entre política y seguridad se convierte en puerta giratoria: entra el manipulado, sale el sobornado, permanece intocado el sospechoso.

La valentía en este caso consistía en tomar medidas inmediatas, deslindar responsabilidades, purgar sin contemplaciones. No en, literalmente, esperar a que la jueza diga si se puede mover un ratón en el Ayuntamiento

Y mientras tanto, la alcaldesa -que tanto proclamó que “Granada merece un gobierno a la altura de su dignidad” (palabras que parecen ahora brillar por su ausencia)- sigue mirando para otro lado. Si alguien pensaba que la valentía consistía en sentarse frente a los micrófonos diciendo “hasta aquí hemos llegado”, se equivoca. Porque la valentía en este caso consistía en tomar medidas inmediatas, deslindar responsabilidades, purgar sin contemplaciones. No en, literalmente, esperar a que la jueza diga si se puede mover un ratón en el Ayuntamiento.

Quizá estamos ante un nuevo paradigma: “Investigado sí, responsable no”. Un sistema elegante: se abre investigación, se mantiene el cargo, se deja que las piezas maduras vacíen su otoño investigativo, y luego, si acaso, se hace un cambio simbólico. Pero para entonces el daño ya está hecho: la confianza está invertida, la institución exhibe grietas y la imagen pública de Granada queda en el escaparate nacional como otra ciudad que mezcla policía, política y presunta corrupción. 

Porque al final todo se resume en esto: si alguien en el Ayuntamiento de Granada o en la Policía Local pensaba que podía continuar, que podía permanecer, que podía ser “uno de los nuestros” sin pagar el peaje moral de rendición de cuentas, se equivocó. El ciudadano no es tonto: observa cuando la alcaldesa dice que “está dispuesta a colaborar” sin que nada cambie. Ve cuando los investigados siguen en sus cargos mientras se celebran oposiciones amañadas, mientras suena la palabra “grupo criminal” en el sumario. 

La alcaldesa Carazo, al exhibir la indefinición como estrategia de gobierno, opta por el paladar fino del “esperar a ver qué decide la justicia”, cuando lo que quizá el deber reclamaba era actuar de oficio, sin preguntas

Y para cerrar: que nadie se llame a engaño. No es un descuido administrativo. No es un simple retraso burocrático. Es la señal de que los engranajes de la ciudad funcionan demasiado bien, pero en el sentido equivocado. Tienden a proteger, a ocultar, a diluir responsabilidades. Y la alcaldesa Carazo, al exhibir la indefinición como estrategia de gobierno, opta por el paladar fino del “esperar a ver qué decide la justicia”, cuando lo que quizá el deber reclamaba era actuar de oficio, sin preguntas. Porque en política, el silencio no es neutral: es cómplice. Y en la vida pública, mantener a un investigado en un puesto clave cuando el asunto va más allá de un “error” es un acto de fe… en algo, pero no en la justicia, no en la dignidad, no en el servicio público.

Granada se merece algo mejor. La Policía Local se merece algo mejor. Y el sentido común -tan poco valorado últimamente- también.

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Agustín Martínez