El Ayuntamiento de Granada ha cifrado en unos 400.000 euros los costes de demolición del pabellón de la sala de fiestas en el Serrallo Plaza, cuya supuesta construcción irregular está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en el marco del llamado 'caso Serrallo'.

 

El Consistorio ha hecho esta valoración a petición del Juzgado, que el pasado diciembre solicitó que bien la Junta de Andalucía o la entidad local tasaran cuánto costaría el derribo de esta construcción supuestamente irregular y la devolución del suelo afectado a su estado original, en el marco de un auto en el que también acordó la suspensión provisional de la licencia de actividad de la discoteca, de acuerdo a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Granada.

 

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid (PSOE), ha señalado a preguntas de los periodistas que la demolición se ha calculado usando información facilitada por la empresa que presta esta clase de servicios cuando deben derribarse algún edificio en ruina, además de otros documentos.

 

El Ayuntamiento también ha remitido al Juzgado de Instrucción 2 de Granada la reclamación patrimonial por valor de 400.000 euros que ha hecho el actual propietario de la discoteca, cuyo destino está en manos de la investigación judicial abierta, en el marco de un caso en el que recientemente se han sumado como investigados los concejales del PP que integraban la Junta de Gobierno Local cuando se respaldó esta instalación.

 

Sin entrar a valorar las decisiones judiciales, el actual concejal de Urbanismo sí se ha mostrado conocedor de que en las juntas de gobierno local los corporativos hacen "votaciones informadas" en las que se debe entrar en el fondo del asunto.

 

Los concejales del PP investigados en el 'caso Serrallo' que declararon el pasado viernes ante el Juzgado señalaron que no cuentan con conocimientos técnicos en materia urbanística y votaron a favor del expediente guiados por "el principio de confianza, veracidad y legalidad de los informes técnicos", dado que la propuesta también era respaldada por la concejal del área y la Secretaría General del Ayuntamiento, apostillando que un voto contrario a algo respaldado por los servicios técnicos sí puede constituir una prevaricación.

 

Está previsto que este martes declaren ante el Juzgado a partir de las 10,00 horas los ediles Francisco Ledesma y María Francés, así como la exsecretaria del Ayuntamiento de Granada Mercedes López Domech y el Interventor Francisco de Paula.