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Jefatura de la Policía Local. indegranada archivo

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, intenta distanciarse del caso del subinspector de la Policía Local de Granada inmerso en varios casos por presunta violencia de género hacia su expareja, al que a finales de abril, cuando ya se conocían esas investigaciones -una de las cuales llega a juicio en unos días-, nombró jefe de estudios de la Escuela de la Policía. El subinspector ha sido detenido esta semana por supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento hacia su expareja. Tras comparecer en sede judicial quedó en libertad provisional por orden del Juzgado de Violencia 1 de Granada, que ha solicitado un informe para aclarar si anuló intencionadamente la pulsera electrónica de control que lleva o se debió, como asegura, a un error del sistema. 

Las preguntas sobre este caso son muy incómodas para la alcaldesa, como ya ha demostrado en anteriores ocasiones. Cuando se nombró al subinspector jefe de estudios de la escuela policial, conociéndose que está pendiente de juicio y también que estaba investigado por vulnerar el Viogén de su expareja, Carazo se remitió a un comunicado en el que básicamente lo que hacía el Ayuntamiento era justificar el nombramiento. No era un ascenso, decía, y el subinspector llegaba al único puesto vacante para su rango.

"Yo creo que se han dado suficientes explicaciones", ha afirmado este jueves la alcaldesa tras ser preguntada por la situación de este policía tras su detención. 

Para la alcaldesa, como "la investigación avanza, lo que entendemos es que tenemos que seguir ofreciendo colaboración a la justicia, eso es lo que nos corresponde". Hasta ahora, según ha explicado, el Ayuntamiento de Granada lo que ha hecho es cumplir "todo lo que nos ha solicitado el Juzgado". 

E insiste en la idea de que el Ayuntamiento consulta al Juzgado qué debe hacer. Que conozcamos, el Ayuntamiento de Granada no está personado en estos casos. Ni siquiera en el llamado caso Viogén, en el que este policía y otros seis compañeros están siendo investigados judicialmente por vulnerar el sistema de protección de la mujer. Es decir, por supuestamente utilizar los privilegios que tienen como policías locales para acceder a ese sistema de protección. La Guardia Civil, a raíz de una denuncia de la mujer, remitió las diligencias al Juzgado concluyendo que esas consultas no estaban justificadas. 

"Esta mañana, a la vista de lo sucedido esta semana, hemos vuelto a escribir al Juzgado solicitando información en su caso si tuviéramos que tomar alguna acción que fuera necesaria, dado el momento de la investigación y lo que se ha producido esta semana"

Así, Carazo ha vuelto a señalar que ha consultado al Juzgado por las medidas que, como administración, debe adoptar. "Esta mañana, a la vista de lo sucedido esta semana, hemos vuelto a escribir al Juzgado solicitando información en su caso si tuviéramos que tomar alguna acción que fuera necesaria, dado el momento de la investigación y lo que se ha producido esta semana", es la explicación que ha dado a los periodistas. 

Como se ha indicado, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, en funciones de guardia, acordaba este pasado miércoles la puesta en libertad provisional del agente.

Mientras esto se sustancia, como apunta Europa Press, el juzgado le ha impuesto la prohibición de "acudir o residir" en el municipio de Armilla, lugar de residencia de la presunta víctima, bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia o de que se adopten nuevas medidas cautelares contra el agente que impliquen mayor limitación de su libertad, según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

La medida cautelar ha sido aceptada por todas las partes, tanto el Ministerio Fiscal, como la acusación particular y la defensa. Según la mujer, el presunto quebrantamiento del agente se habría producido entre los meses de marzo y mayo por medio de llamadas telefónicas, que ella no atendió en ningún momento, y por varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que de forma permanente está obligado a llevar el funcionario policial para impedir su acercamiento a su pareja.

En este punto, informa Europa Press, el agente negó que las desconexiones fueran voluntarias y alegó que se debieron siempre a fallos de conexión del aparato. Frente a las dos versiones, el juzgado ha encargado al grupo Cometa, encargado de la instalación y seguimiento de las pulseras, la realización de un informe técnico que aclare los motivos y causas de las desconexiones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El pasado 4 de marzo, el Juzgado de Violencia de Género 2 de Granada abrió juicio oral contra este agente por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual, de menoscabo psíquico y de descubrimiento y revelación de secretos perpetrados supuestamente contra su expareja, de la que tiene orden de alejamiento, y una de las dos hijas que tienen en común. Es esa orden la que habría quebrantado ahora.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada será el encargado del juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de seis años y diez meses de prisión. La acusación particular, que ejerce el letrado Mariano Vargas, eleva la petición de cárcel por estos ilícitos a más de 15 años, según consta en este auto. La defensa del acusado, que lleva el abogado Domingo Domingo, interesa por su parte su libre absolución.

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