El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles la puesta en libertad provisional del mando de la Policía Local detenido por un presunto quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento impuesto por otro juzgado de Violencia de Granada por un presunto caso de violencia de género hacia su expareja.

La detención del agente por el presunto quebrantamiento ha derivado en la apertura de un proceso judicial por diligencias previas, después de que el denunciado no aceptara el acuerdo de conformidad propuesto por la Fiscalía y por la necesidad de "seguir investigando las circunstancias y motivos por los que se produjo, presuntamente, la infracción de la medida cautelar".

Mientras esto se sustancia, el Juzgado de Guardia ha impuesto al agente la prohibición de acercarse o estar en el municipio de Armilla, lugar de residencia de la denunciante, medida cautelar que fue aceptada por todas las partes, tanto el ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa, según ha informado el TSJA.

El agente ha alegado que las desconexiones "se debieron siempre a fallos de conexión del aparato" y el Juzgado ha encargado un informe para verificarlo

Según la denunciante, el presunto quebrantamiento por parte del subinspector se habría producido entre los meses de marzo y mayo por medio de llamadas telefónicas, -que la presunta víctima no atendió en ningún momento-, y por varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que de forma permanente está obligado a llevar el funcionario policial para impedir su acercamiento a su pareja. En este punto, el agente ha negado que las desconexiones fueran voluntarias y alegado que "se debieron siempre a fallos de conexión del aparato".

Frente a las dos versiones, el Juzgado ha encargado al grupo Cometa, encargado de la instalación y seguimiento de las pulseras, la realización de un informe técnico que aclare los motivos y causas de las desconexiones.

El presunto caso de violencia de género que llevó a la imposición de la medida de alejamiento ahora presuntamente quebrantada será juzgado en el Penal número 5 de Granada.

Al margen de estas nuevas diligencias, el subinspector irá a juicio, acusado de un presunto delito de violencia continuada hacia su expareja. La Fiscalía pide para él casi 7 años de cárcel. Además, el Juzgado de Instrucción 4 investiga la vulneración, por parte del subinspector y seis de sus compañeros, del sistema de protección Viogén de la que fue su pareja. 

En este contexto, cuando ya se había sumado la investigación del caso Viogén, el gobierno local que preside Marifrán Carazo nombró a este inspector jefe de estudios de la Policía Local, lo que ha desencadenado duras críticas. Hasta el momento el equipo de gobierno las ha desoído.