Esta pieza fue el origen de la investigación la supuesta trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada con el PP
El caso Mulhacén, a un paso de juicio
La jueza da por finalizada la instrucción y acuerda el trámite de procedimiento abreviado, emplazando a las partes que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o la petición de sobreseimiento. Te informamos.
IndeGranada
La operación urbanística objeto de investigación comenzó hace 19 años.
Diecinueve años después de que comenzara la ordenación urbanística de la manzana donde se levanta el Pabellón Mulhacén y a punto de cumplirse ocho años de instrucción judicial tras la operación Nazarí, el caso que toma su nombre de esa instalación deportiva está a las puertas de llegar a juicio. La jueza María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción 2, que se ha encargado de investigar la supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo durante los sucesivos mandatos del PP en la etapa de José Torres Hurtado en el Ayuntamiento, acaba de dictar el auto de procedimiento abreviado, emplazando a las partes que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento.
Procesa a la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto y a toda la cúpula del área
El caso Mulhacén es una de las piezas en las que se dividió la gran causa derivada de la operación Nazarí, en la que fueron detenidos en su momento el exalcalde Torres Hurtado, la que fuera su concejala de Urbanismo, la cúpula de ese área municipal y destacados constructores y promotores de Granada.
El origen de este caso fue una querella de la Fiscalía Provincial en junio de 2015 a raíz de las múltiples irregularidades que denunció el empresario Ramón Arenas, principal perjudicado por una operación urbanística que arruinó el negocio que había proyectado por las acciones municipales encaminadas a beneficiar al promotor Roberto García Arrabal. Y como la jueza detalla en este último auto, se sumaron otras diligencias.
De las investigaciones, apunta la jueza, se deduce la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude en la contración, asociación ilícitacriminal, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, estafa y contra la ordenación del territorio, entre otros
De las investigaciones practicadas, como recuerda ahora la jueza, se deduce la presunta comisión, por parte de los encausados, ("imputacion concretada por medio de auto de fecha de 13 de julio de 23, confirmado por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Primera en auto de fecha de 6 de febrero de 24"), que son Isabel Nieto, Agustín B. B., Roberto García Arrabal, Manuel Lorente, Gaspar N. C., Emilio M. H. y Mª Paz S. M., de los delitos de cohecho, de fraude en la contratación, asociación ilícita/organización criminal, prevaricación (común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio".
Es decir, la jueza procesa a la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, el que fue hombre fuerte del área, Manuel Lorente, el empresario Roberto García Arrabal y cuatro altos funcionarios municipales.
La investigación ha sido llevada a cabo por los funcionarios adscritos al Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, conjuntamente con funcionarios adscritos a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, señala la resolución, detallando que "se ha investigado la presunta existencia dentro del Área de Urbanismo de Granada de una trama organizada corrupta que, de forma continuada y prolongada en el tiempo, habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos como directamente a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad de Granada, alterando el normal funcionamiento de la Consejería de Urbanismo, contraviniendo de forma continuada y con conocimiento, la normativa urbanística vigente y con el consiguiente perjuicio a las arcas municipales".
"La actuación de esta trama para, presuntamente, beneficiar a diferentes promotores, en concreto, en la presente pieza, al encausado García Arrabal quien, presuntamente habría interferido en diferentes expedientes urbanísticos tramitados por la Gerencia de Urbanismo y que acumularían una serie de irregularidades en su tramitación", añade el auto consultado por El Independiente de Granada.
Ese resumen es en esencia el caso Mulhacén, cuyos hitos se exponen pormenorizadamente en el auto. Esto es, cómo y cuándo se van modificando las condiciones urbanísticas para beneficiar, supuestamente, a Arrabal.
"Las irregularidades, en esencia, vienen derivadas de la alteración fraudulenta de la condiciones del Pliego de la Concesión administrativa vulnerando fundamentalmente lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones y en el supuesto perjuicio a la ciudad y a otros empresarios que habrían podido concurrir al concurso en beneficio de un empresario determinado, la burla de la fiscalización del contrato, falseando la cantidad y la cuestión relativa al importe real de las obras ejecutadas. Todo ello, haciendo dejación por parte de los responsables del Ayuntamiento de Granada de los intereses de los ciudadanos granadinos y en beneficio de D Roberto García Arrabal, titular de la empresa Fontdeis SL"-
Tras recordar cada uno de esos pasos y las irregularidades encontradas durante la instrucción, que se alargan durante 14 de los 18 folios del auto, apunta la jueza -citando jurisprudencia- que la fase de instrucción no tiene la finalidad de la "plena acreditación" de los hechos delictivos, que solo pueden declararse probados tras el juicio oral y que tampoco se puede pretender que se practiquen diligencias de pruebas "indefinidas". Por ello dispone que sigan las actuaciones por el procedimiento abreviado contra las personas antes citadas "por su participación en un presunto delito de cohecho, de fraude en la contratación, asociación ilícita/organización criminal, prevaricación (común y urbanística), trafico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio".
Da un plazo de diez días para solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Contra el auto cabe recurso de reforma.
Detalle del auto.
Otra pieza, la de la vivienda del exalcalde, aún en el Supremo
Aunque el PP ya ha rehabilitado a José Torres Hurtado, porque las piezas en las que estaba imputado en este caso se han archivado o ha quedado fuera de las mismas -en el caso Mulhacén por ejemplo no figura como investigado-, todavía hay una pieza que le afecta muy directamente que sigue abierta. Se trata de la que investigó si se benefició de su condición de alcalde en la construcción de su vivienda. La llamada pieza Obispo Hurtado, sobre el piso del alcalde y de la exconcejala de Urbanismo.
Hay un recurso de casación tramitándose en el Supremo, con lo que aún no está despejada del todo la situación judicial del exalcalde.
Ese recurso fue presentado por el letrado de Ramón Arenas y pendiente aún de resolución.
El empresario Ramón Arenas ha recordado que ha padecido 19 años de "sufrimiento". Ha acogido con satisfacción el auto del caso Mulhacén y ha hecho hincapié en que, le den o no la razón judicialmente, el asunto del piso del exalcalde, aún en el Supremo, evidencia la presunta corrupción vivida en el Ayuntamiento de Granada.
