La jueza del caso Serrallo mantiene la imputación a los concejales del PP
Para la exsecretaria del Ayuntamiento dicta el sobreseimiento al considerar que no tuvo responsabilidad en los hechos investigados.
IndeGranada
Fuentes y Ledesma el día de su comparecencia ante la jueza.
La jueza que investiga el caso Serrallo mantiene la imputación de los concejales del PP que votaron a favor de la operación urbanística. Lo ha hecho en un auto en el que, sin embargo, levanta esa imputación contra la exsecretaria del Ayuntamiento, Mercedes López.
Según fuentes del caso, la jueza ha dictado sobreseimiento únicamente para la secretaria y no para el resto concejales, exconcejales y funcionarios que declararon como investigados por participar, en 2012, en la Junta de Gobierno Local que sacó adelante la operación investigada.
En su día, ante la jueza María Ángeles Jiménez, la secretaria detalló que no participó en la tramitación del expediente.
En este caso declararon como investigados por un presunto delito de prevaricación urbanística Juan Antonio Mérida, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Vicente Aguilera, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés. Y, además de la exsecretaria Mercedes López Domech, ahora sacada del caso, el interventor.
Su citación se produjo tras declarar, también como investigado el exalcalde José Torres Hurtado.
La jueza argumentó en su día la citación como investigados de los ediles y exediles en que, según establece la Ley de Bases del Régimen Local, los miembros de una corporación local están sujetos a responsabilidad civil y penal, es decir, que son "responsables" de los acuerdos que hubiesen votado favorablemente. "Está meridianamente claro que los miembros de la Junta de Gobierno Local deben estar debidamente ilustrados sobre el contenido de los expedientes respecto de los cuales se va a votar o debatir en la correspondiente Junta", expone en los argumentos jurídicos la jueza para añadir que, por tanto, para ello deben recabar "la información necesaria", habida cuenta de "la importancia" de las decisiones que se adoptan en el seno de ese órgano municipal, donde se marca "la dirección de la política local".
De esta manera rechazó la línea de defensa que utilizó el exalcalde Torres Hurtado y afirmó con rotundidad en el auto que "los miembros de la Junta de Gobierno Local no pueden 'limitarse a votar', como expuso el señor Torres Hurtado en su declaración" como investigado, sino que "tienen la obligación" de obtener datos e informaciones de los servicios de la Corporación para el desarrolo de su función.
El caso Serrallo ahonda en el supuesto trato de favor a determinados constructores, en este caso a Roberto García Arrabal, promotor del centro comercial y de las instalaciones anexas que propiciaron la investigación. La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. A estos se sumaron, a lo largo de la investigación, los de asociación ilícita, negociación prohibida a funcionarios públicos y tráfico de influencias.
