En Andalucía, hablar hoy de sanidad pública es como hablar de un ser querido en coma: sabemos que está ahí, le tenemos afecto, la necesitamos, pero cada día que pasa es más evidente que la están dejando morir. Y lo están haciendo con la frialdad calculada de quien busca justificar, más pronto que tarde, su desconexión de los equipos que aún la mantienen con vida. La Junta de Andalucía, con Juan Manuel Moreno Bonilla al frente, está llevando a cabo una de las gestiones sanitarias más irresponsables, dañinas y opacas que se recuerdan en la comunidad.

Los datos no dejan margen para la interpretación: las peores listas de espera de España. Más de un millón de andaluces aguardando una cita con el especialista o una operación quirúrgica, muchos de ellos atrapados en una espera sin fecha ni esperanza. Mientras, los responsables del Gobierno andaluz sacan pecho con campañas institucionales que retratan un sistema ideal que solo existe en sus cabezas o, con suerte, en clínicas privadas de “amiguitos del alma”.

No por casualidad, las derivaciones a la sanidad concertada han crecido como la espuma mientras la pública se asfixia por falta de recursos humanos y materiales

Porque ese es el verdadero proyecto: transferir poco a poco lo público a manos privadas. No por casualidad, las derivaciones a la sanidad concertada han crecido como la espuma mientras la pública se asfixia por falta de recursos humanos y materiales. Las sospechas de corrupción en torno a esos contratos con clínicas privadas -ya en el radar de la Fiscalía Superior de Andalucía- no hacen sino confirmar lo que muchos llevan años denunciando: no es solo desidia, es negocio.

Pero hay más. La Atención Primaria, ese pilar esencial del sistema sanitario, está literalmente destrozada. Centros de salud cerrados por vacaciones, sin pediatras, sin médicos de familia, con agendas saturadas, profesionales quemados y pacientes desesperados. Se habla de humanización de la sanidad mientras se obliga a los médicos a atender 60 o 70 pacientes diarios. ¿De qué humanidad hablan cuando hay niños a los que solo puede ver un profesional cada 15 días, si hay suerte?

Y mientras esto ocurre, la Junta se empeña en una política de escaparate que desprecia a quienes se forman en nuestra tierra. Un dato reciente y demoledor: el 74% de los médicos que terminan su formación en Andalucía y en los que esta tierra ha invertido decenas de miles de euros, no quiere quedarse a trabajar aquí. Y no porque sean unos desagradecidos, sino porque las condiciones laborales que les ofrecen son simplemente inaceptables. Contratos precarios, salarios bajos, turnos abusivos y ninguna expectativa de estabilidad. ¿De verdad alguien se sorprende de que el talento huya? Lo que sorprende es que aún haya quien se quede.

El fracaso absoluto en la retención de médicos residentes es un síntoma claro de una política que no apuesta por la sanidad pública, sino que la tolera como quien carga con una herencia incómoda. Un sistema que debería cuidarse como joya de la democracia, convertido en trinchera ideológica y campo de negocio para empresas afines.

La indignación social crece, pero la Junta responde con propaganda, inauguraciones huecas y promesas recicladas. Mientras tanto, las asociaciones profesionales, los sindicatos y hasta el Defensor del Pueblo Andaluz alertan del colapso. Pero el Gobierno andaluz sigue a lo suyo: presentar cifras maquilladas, repartir culpas a diestro y siniestro y, sobre todo, favorecer la derivación de fondos públicos hacia clínicas privadas con contratos cada vez más opacos y sospechosos.

Andalucía merece una sanidad pública de calidad, universal y bien gestionada. Merece que sus profesionales sean valorados, bien pagados y escuchados

Andalucía merece una sanidad pública de calidad, universal y bien gestionada. Merece que sus profesionales sean valorados, bien pagados y escuchados. Merece que el dinero de sus contribuyentes se invierta en fortalecer lo público, no en alimentar un negocio sanitario que, como estamos viendo, además de ineficaz, puede estar trufado de irregularidades y merece que los médicos formados en sus prestigiosas universidades se sientan orgullosos de ejercer en su tierra y no tengan que salir huyendo para poder tener una vida digna.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿hasta cuándo vamos a permitirlo? ¿Hasta cuándo vamos a ver cómo se desmantela, pieza a pieza, uno de los derechos más fundamentales? No se trata de ideologías ni de partidismos: se trata de salud, de vidas, de dignidad.

Ya no es solo que la sanidad pública andaluza esté en cuidados intensivos. Es que sus responsables están manejando el respirador con una mano… y con la otra, firmando cheques para el negocio privado. Y eso, por mucho que lo adornen con lemas institucionales, tiene un nombre: malversación moral. Y, quién sabe, quizá también penal.

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