En el año 2024 cuarenta y cinco mujeres fueron asesinadas por violencia machista, 1.290 desde 2003, fecha en que se empezaron a recoger los datos. El número de huérfanos por esta causa es de 35 en el último año.

Datos escalofriantes, especialmente si tenemos en cuenta que estas cifras no recogen algunos asesinatos de mujeres a manos de hombres con los que no mantiene ni han mantenido una relación, pero son claramente asesinatos machistas, De hecho, si consideráramos el número de feminicidios en su totalidad (asesinatos de mujeres por el solo hecho de serlo) en los que se incluyen los asesinatos a manos de parejas o exparejas, asesinatos por prostitución o trata, asesinatos de niñas a manos de sus padres o maltratadores… incluyendo todos ellos, la cifra de mujeres asesinadas asciende a 94 en el último año.

No fue hasta 2017, a iniciativa de la diputada socialista Elena Valenciano, cuando se firmó el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque no se dotó económicamente hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Jefatura del Gobierno

Y eso que nuestro país es uno de los que cuenta con una legislación más avanzada en materia de protección a las víctimas de violencia de género, uno de los primeros que aprobaron una Ley Integral, en la que se han inspirado muchos otros países. la aprobación en 2004 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un antes y un después en el enfoque de la lucha contra estos asesinatos. No fue hasta 2017, a iniciativa de la diputada socialista Elena Valenciano, cuando se firmó el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque no se dotó económicamente hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Jefatura del Gobierno. Con él se dieron herramientas a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la propia Administración central para intentar garantizar que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia. A pesar de todo esto, los datos son aterradores.

Por eso es tan necesario continuar, de forma permanente, revisando la legislación, afinando las medidas de protección y prevención. Y eso es lo que supone el último Pacto de Estado que se aprobó el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto VOX.

El nuevo Pacto supone una continuidad con el anterior, pero se incorporan tres nuevos y necesarios ejes, referidos a violencia vicaria, violencia económica y violencia digital.

La violencia vicaria requería una intervención específica y urgente: son 62 los menores asesinados por sus padres con el único fin de hacer daño a su pareja, además de los más de 400 huérfanos que los asesinatos machistas han dejado en estos años

La violencia vicaria requería una intervención específica y urgente: son 62 los menores asesinados por sus padres con el único fin de hacer daño a su pareja, además de los más de 400 huérfanos que los asesinatos machistas han dejado en estos años. Con el nuevo Pacto, se plantean medidas para prevenir y detectar este tipo de violencia y para mejorar la protección de los menores, a la vez que se marcan estrategias para erradicar este tipo de violencia. También se pretende reformar la Ley Integral para incluir como víctimas de violencia de este tipo a aquellos menores que sufren violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas.

Por lo que se refiere a la violencia económica, el Pacto propone por primera vez tipificarla como delito, a la par que plantea medidas específicas para evitar que los maltratadores puedan perjudicar la vida de sus víctimas. Estas medidas no sólo se refieren al impago de las pensiones, sino también a la administración desleal, el fraude o la descapitalización para reducir o impedir el bienestar de las víctimas y sus hijos e hijas.

La incorporación de violencia digital al Pacto es otra de las necesarias actualizaciones que requería el contexto actual. Se establecen medidas preventivas, dirigidas a la formación de la juventud y la infancia en el uso crítico de las redes e internet, así como otras medidas para abordar su protección en los entornos digitales, la atención a las víctimas de violencia digital de manera integral, la creación de protocolos de actuación y coordinación en el ámbito educativo o formación específica dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Además, el nuevo Pacto incorpora una visión más amplia a este doloroso tema, recogiendo medidas relativas a mujeres mayores, migrantes o mujeres con discapacidad. 

Igualmente, se incorporan medidas para prevenir el acceso de los y las menores a contenidos pornográficos y se profundiza en la violencia sexual o en la trata con fines de explotación sexual. Del mismo modo, en ese nuevo enfoque más transversal de la violencia machista, se potencia el papel de la educación y se mejora la formación de todos los agentes implicados en cualquier aspecto relacionado con ella, a la vez que se establecen medidas que mejoren la coordinación a lo largo de todo el proceso de atención a las víctimas de violencia.

Una vez más, nuestro país se pone a la cabeza de los Estados democráticos al establecer medidas que perfeccionan y mejoran la prevención de la violencia contra las mujeres

Una vez más, nuestro país se pone a la cabeza de los Estados democráticos al establecer medidas que perfeccionan y mejoran la prevención de la violencia contra las mujeres, medidas que aumentan la protección y la reparación de las víctimas. Y, también una vez más, este acuerdo se toma en el Congreso con el soporte de todas las fuerzas democráticas de nuestro país. 

Ojalá llegue el día en que sean innecesarias todas estas medidas, en que sea oportuno acabar con la Ley Integral por innecesaria. Mientras tanto, alegrémonos del consenso y sigamos, cada día, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, sea o no sea 8 de marzo.