El polvorín de la Policía Local de Granada pone a prueba al gobierno de Carazo
Jefatura de la Huerta del Rasillo el día de los registros de la UDEF. indegranada
En agosto de 2021 tuvo entrada en la Fiscalía de Granada un escrito en el que se ponía en conocimiento del Ministerio Público un presunto amaño de oposiciones gestado a principios de 2020, en el que estarían presuntamente implicados algunos policías locales de Granada. El escrito citaba nombres, entre ellos el de José Manuel Jiménez Avilés, que en 2020 era jefe de la Policía Local de Granada, un policía miembro del tribunal, un responsable del sindicato policial mayoritario e incluso el entonces edil de Seguridad Ciudadana con el gobierno bipartito de Cs y PP. Ese escrito ya reproducía el contenido de una conversación grabada, en la que se daban detalles del supuesto amaño.
"Ese niño tiene que entrar en estas y punto, digan lo que digan"
"En Granada debían aprobar algunos hijos de policías (entre 8 o 10) y que el sistema de selección se llevaría a cabo bien facilitando a los elegidos el supuesto práctico y las preguntas, bien a través de la prueba psicológica (...)", recogía aquella denuncia, que reproducía extractos de la conversación grabada: "ese niño tiene que entrar en estas y punto, digan lo que digan. Digan lo que digan el niño del jefe pues también lleva dos años preparándose no sé cómo estará de preparado, ha estado allí en la vuestra, allí en la academia tuya (...).
Un choque interno en el SIPLG aflora las presuntas irregularidades
El denunciante contaba a la Fiscalía que, a modo de represalia, le habían abierto un expediente disciplinario y acusado, en los juzgados, de un delito de apropiación indebida como secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada y Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos, un procedimiento seguido, detallaba, en el Juzgado de Instrucción 4 de Granada.
La Fiscalía archivó la denuncia. Lo que sí continuó fue la investigación judicial de las supuestas irregularidades en el seno del sindicato. Las declaraciones del investigado -pendiente de juicio-, en la misma línea de lo que antes había contado a la Fiscalía, llevaron a la jueza a deducir testimonio y abrir otra investigación por los supuestos amaños en las oposiciones. La causa, bajo secreto de sumario, investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y extorsión. El martes 18 de febrero, agentes de la UDEF registraron la Jefatura de la Policía Local de Granada, dependencias municipales de la capital y los ayuntamientos de Albolote y Algarinejo y un local del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG).
Un agente de la UDEF, durante el registro de la Huerta del Rasillo. á.cámara/EP
El sindicato, mayoritario en el Cuerpo, no solo en la capital, es una de las piezas en este puzle. Tiene mucho poder en el Cuerpo y los distintos gobiernos conservadores se han apoyado en esa fuerza durante sus mandatos. PP, Vox y también Ciudadanos coqueteaban durante las elecciones con sus responsables para recoger en sus programas las reivindicaciones y, de paso, evidenciar su respaldo. El PP también ha utilizado esa fuerza sindical cuando ha estado en la oposición, con críticas sin cuartel tanto a la Jefatura nombrada por los socialistas como a su concejala de Seguridad.
Grabaciones con detalles de los supuestos amaños y favores
Cualquier tentación de restar importancia a estos hechos se ha diluido con las grabaciones que ha ido publicando el diario The Objective. Recogen supuestamente conversaciones, de Jiménez Avilés -protagonista en la mayoría- con mandos, policías integrantes de tribunales y otros que tuvieron responsabilidades muy destacadas en el sindicato, en las que hablan de esos presuntos amaños. No solo las oposiciones, también revelan la retirada de multas a políticos. A Jiménez Avilés se le escucha, supuestamente, proclamar que le había quitado una multa a una concejala porque le "salió de la polla". Entre las grabaciones, una en la que se alertan de que la UDEF está investigando.
"Siempre he dicho que no se perdone ni una multa", responde la alcaldesa
El escándalo es mayúsculo. Difícilmente la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, acomodada en su mayoría absoluta, podía haberse imaginado que tendría que responder a preguntas tan incómodas. Sobre la confianza que depositó en José Manuel Jiménez Avilés -cuyas etapas al frente de la Jefatura han sido siempre con el PP en el gobierno municipal- y sobre la retirada de multas a políticos y allegados, un aspecto sobre el que hasta ahora ha pasado de puntillas. "Siempre he dicho que no se perdone ni una multa", respondió la alcaldesa. Si se analiza, una respuesta poco hábil ante una pregunta incómoda, porque pareciera que alguien preguntó si se podía perdonar.
Para mayor gravedad en el caso multas, este diario ha informado de que un inspector de Tráfico y otro policía fuero expedientados y se enfrentaron a traslados forzosos por negarse a retirar multas. Todo ello mientras la Jefatura de la Policía Local ordenaba un 'apagón informativo' para que ningún policía, salvo el jefe, pudiera controlar y hacer un seguimiento de la tramitación de los expedientes de esa multas. Si se 'extraviaban', ya nadie podía comprobarlo. De esta medida tenían pleno conocimiento la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, el de Recursos Humanos, Vito Epíscopo, e incluso la alcaldesa, que recibió al menos un escrito de la sección sindical de UGT.
La alcaldesa, con la edil de Seguridad Ciudadana y el portavoz del gobierno local. indegranada
La gestión del gobierno local ha sido titubeante, a pesar de que la alcaldesa defiende que ha hecho, en cada momento, lo que tenía que hacer. Inicialmente su objetivo fue distanciarse de los supuestos amaños en oposiciones y poner todo el empeño en salpicar a los gobiernos municipales socialistas de la capital -dos años en el mandato 2015-2019 y otros dos en el de 2019 a 2023- e incluso de otros municipios.
"Yo tomé posesión en junio de 2023", alegó la alcaldesa para distanciarse
"Yo tomé posesión en junio de 2023", dijo la alcaldesa tras los primeros audios, insistiendo en que la oposición que se ponía en duda se convocó con otro gobierno. Pero lo que se investiga no es una convocatoria de un gobierno determinado; tampoco se cuestiona que haya una tradición familiar en la que abuelos, padres e hijos e hijas se conviertan en policías locales. Lo que la investigación trata de aclarar es la supuesta existencia de una trama para amañar oposiciones, manejando tribunales para conseguir que aprobaran determinados candidatos; también si se movió dinero. Y son muchas las piezas que supuestamente habrían participado: mandos, con el exjefe a la cabeza, un centro de formación vinculado al sindicato mayoritario, una empresa de psicólogos...
El equipo de gobierno de Carazo calculó mal el alcance y optó por abrir una investigación administrativa interna, lo que en el argot se denomina información reservada. Solo acudió a la Fiscalía cuando se publicó otro audio, esta vez en Ideal, con una conversación que supuestamente salpicaba a la cúpula policial en los mandatos socialistas. No antes, con las conversaciones que apuntaban a la promoción interna en la Policía Local de Granada que está en marcha; tampoco después -que sepamos-, con la grabación que desvela la retirada de multas a al menos una concejala de su equipo de gobierno.
El que sí acudió a la Fiscalía tras publicarse la grabación que evidenciaba posibles amaños en su convocatoria para cubrir 4 plazas de policía, a través del tribunal del que formaba parte un policía señalado en la capital, fue el de Albolote, gobernado también por el PP. En un comunicado posterior al registro, el alcalde, Salustiano Ureña, desvinculó al Ayuntamiento de Albolote de la presunta trama y derivó responsabilidades en la capital.
En esas oposiciones de Albolote hubo una repetición de examen, alegando el tribunal un error de imprenta que impedía saber a qué aspirante correspondía cada prueba.
Salustiano Ureña y Marta Nievas, alcalde y teniente de alcalde de Albolote. ayto. albolote archivo
El gobierno local justificó en la presunción de inocencia y en el hecho de que no disponía de información alguna respecto a la investigación judicial sus reticencias para cesar al jefe e la Policía Local, inevitable finalmente
Finalmente, pese a las reticencias iniciales, que el gobierno local justificó en la presunción de inocencia y en el hecho de que no disponía de información alguna respecto a la investigación judicial, se ha apartado a Jiménez de la Jefatura. Su permanencia era insostenible. La alcaldesa compareció para anunciar su "renuncia voluntaria" y otros pasos: ampliación de la investigación interna -por el audio que envió a la Fiscalía-, que el Ayuntamiento de Granada se persone en el caso que investiga el Juzgado número 4, cambiar a los integrantes del tribunal de la promoción interna, con funcionarios de otras provincias, así como nombrar a los tres policías con categoría de intendente para turnarse, de dos en dos meses, al frente de la Jefatura, en tanto se elige al nuevo responsable. También anunció que el Ayuntamiento de Granada se personaría en el caso.
No están saliendo bien esos pasos. La promoción interna bajo sospecha, que la alcaldesa se negaba a paralizar, a diferencia de lo que hizo Albolote -con otra convocatoria en el punto de mira- se ha tenido que aplazar sin fecha. ¿Qué tribunal asumiría de un día para otro semejante labor con las conversaciones que se han escuchado?
La alcaldesa y la edil de Seguridad, en la presentación de nuevos drones policiales. ayto. granada
Cuando El Independiente de Granada informó de la investigación que tenía abierta del Juzgado de Instrucción 4, fuentes judiciales trasladaron a este diario que el caso se encontraba en fase de diligencias previas y que el secreto de sumario se mantendría por un tiempo. El pasado 7 de marzo, la jueza prorrogó el secreto de las actuaciones otros 30 días, con la previsión de ir prorrogándolo mensualmente.
Además, al estar bajo secreto, lo que significa que solo fiscal y jueza pueden tener acceso al contenido de las diligencias practicadas, el Juzgado ha decidido no admitir la personación del Ayuntamiento de Granada en el procedimiento.
No es la primera vez que se ponen bajo sospecha oposiciones en el Ayuntamiento de Granada, que vio anulado un concurso para subinspectores convocado por el gobierno de Torres Hurtado
No es la primera vez que se ponen bajo sospecha oposiciones en el Ayuntamiento de Granada. Un concurso oposición para cubrir ocho plazas de subinspector convocado, mediante decreto en 2006, por el entonces alcalde José Torres Hurtado, fue anulado por los tribunales tras constatarse la filtración de los exámenes y la contaminación del tribunal. Ejecutar la sentencia no fue fácil. El juzgado llegó a apremiar al Ayuntamiento, porque aquel equipo de gobierno de Torres Hurtado no dio pasos para hacerlo. Cuando el PP perdió la Alcaldía, tras la operación de la UDEF por el caso nazarí, el nuevo gobierno del socialista Francisco Cuenca dio los pasos para ejecutarla, lo que implicaba celebrar de nuevo las oposiciones. De nuevo, una sucesión de recursos por parte de los policías que se vieron beneficiados por la filtración. Finalmente el juzgado avaló la actuación del gobierno socialista.
La decisión de dar cumplimiento a la sentencia, como ha recordado alguna vez la concejala socialista Raquel Ruz, que fue responsable del área de Protección Ciudadana, complicó muchísimo la relación del gobierno socialista con un sector de la Policía Local de Granada.
El PSOE reclama a la alcaldesa que sea contundente y dé explicaciones. Tanto en las supuestas irregularidades en las oposiciones que ahora se investigan como en el caso multas, derivada en la que le insta a aclarar a qué políticos y allegados se ha podido beneficiar.
La plantilla de la Policía Local de Granada está formada por unos 400 agentes y se enfrenta a problemas como la cada vez más elevada media de edad. Ahora, como trasladan a este diario policías en distintas responsabilidades, están avergonzados por lo que está sucediendo. La imagen del Cuerpo y su labor se ha visto seriamente perjudicada por un caso muy grave y que está poniendo a prueba al gobierno de Marifrán Carazo. Esto no es un plan de obras ni sacar pecho de la gestión económica porque los presupuestos se elaboran en plazo o se reduce el periodo medio de pago a proveedores, que forman parte sin duda de la gestión del día a día. Con independencia del resultado de esta investigación judicial, aún bajo secreto, las conversaciones que recogen los audios publicados son tan graves que no hay ventilador que las pueda tapar y exigen una actuación diligente.
Pleno extraordinario a instancias del PSOE
Este miércoles, 12 de marzo, se celebrará un pleno extraordinario, convocado a instancias de los diez ediles del grupo del PSOE con cuatro puntos en el orden del día, el primero de ellos: "exigir a la Sra. Alcaldesa que ofrezca información veraz a la ciudadanía sobre los graves hechos que se han producido durante las últimas semanas en el seno de la policía local de Granada".
El grupo socialista reclama también "devolver a los agentes de la Policía Local de Granada el acceso a la herramienta digital que hasta ahora permitía hacer el seguimiento y custodia de las sanciones impuestas así como verificar la trazabilidad de las multas, acceso que se retiró sospechosamente de un plumazo, hecho inédito en el Ayuntamiento de Granada que ha hecho saltar todas las alarmas por la falta de transparencia y oscurantismo con el que se está guiando el gobierno de Carazo".
Por otra parte, el grupo socialista insta a la alcaldesa a "poner a disposición de la Fiscalía los audios que todos hemos conocido sobre cómo se han estado supuestamente retirando multas a concejales de su gobierno y otras personas afines".
Y, respecto al caso multas, reclama "las responsabilidades políticas oportunas derivadas de estos hechos, ante la evidencia de que los concejales responsables de Seguridad Ciudadana y Personal que han sido conocedores de los hechos y habían sido advertidos por los sindicatos desde hace meses, denuncias que han sido silenciadas, ninguneadas y obviadas".
