El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga la supuesta construcción irregular de una discoteca en una zona verde del plan general junto al centro comercial Serrallo Plaza, ha acogido este martes la declaración de tres de los investigados en la causa, un promotor y dos técnicos municipales que han negado que esta operación urbanística haya supuesto algún tipo de perjuicio económico para la ciudad.

Esta nueva ronda de declaraciones gira en torno a los informes de la UDEF y de la Junta de Andalucía en relación a la liquidación económica de este procedimiento urbanístico y afecta a seis de los investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

El primero en declarar ha sido el promotor Roberto García Arrabal, que ha tachado de "incierto" el informe de la Policía en el que se expone que faltan dos millones de euros de la Junta de Compensación y lo ha contrapuesto con las conclusiones del Gobierno andaluz, que en su informe "dice que hay obligaciones de pago pendientes de justificar" pero no concluye que no se hayan satisfecho esas cantidades.

En declaraciones a Europa Press tras comparecer ante la jueza, García Arrabal ha defendido que ha llegado a "pagar más de lo que debía" en esta operación urbanística y ha considerado "un atropello" que se mantengan los cargos contra él cuando la Junta de Andalucía ha trasladado al Juzgado que faltan datos para acabar el expediente.

Estos datos, según ha dicho, no ha podido aportarlos porque "los tiene la Policía" tras los registros que se realizaron en el llamado caso Nazarí, en el que también está investigado. Alega que esos pagos están justificados en estos documentos que le fueron intervenidos y que desconoce cuándo le serán devueltos, lo que genera una "clara indefensión".

Los siguientes en declarar han sido Manuel Lorente, que fue director de Obras Municipales en el Ayuntamiento de Granada, y un excoordinador de área, cuyas declaraciones también se han centrado en comentar los extremos de los informes de la UDEF y de la Junta de Andalucía.

El abogado de ambos, Ernesto Osuna, ha señalado a Europa Press que se trata de informes "contradictorios entre sí", porque mientras que la Policía sostiene que faltaban dos millones de euros, la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo expone que "no sabe si faltan" unos 170.000 euros o si sobran" dado que le faltan documentos para poder concretarlo.

En sus declaración, ambos técnicos municipales han descartado la posibilidad de un quebranto económico, sino que, por lo contrario, la obra salió más cara y el promotor tuvo que afrontar el pago de esos excesos para poder terminarla.

El letrado ha aportado a la causa nueva documentación que "pone de manifiesto" estos extremos y que, a su entender, "resuelve las dudas" expuestas por la Junta en su informe.

Esta tanda de declaraciones se cerrará el próximo jueves con la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, la exdirectora de Urbanismo María Paz Spínola y un interventor del Ayuntamiento de Granada.

En la causa también están investigados el exalcalde de PP José Torres Hurtado y los ediles de este partido que apoyaron en una Junta de Gobierno Local en 2012 el expediente que aprobó los horarios y usos complementarios del Serrallo.