El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha citado a declarar en julio como investigados a cinco empresarios entre los que se encuentran los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa en los presuntos amaños, y Fernando Merino, excargo de Acciona y cuñado de los hermanos Fernández. 

Lo hace en un auto de 46 páginas, recogido por Europa Press, en el que también cita a declarar al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por presuntos delitos de organización criminal y cohecho el próximo 30 de junio y autoriza a la UCO a investigar su patrimonio, tras el informe que le sitúa como epicentro de una supuesta trama de amaño de obras.

En el registro en la casa de Granada de Antonio Fernández Menéndez, que según la UCO -que realizó este y otros rastreos en distintos puntos de la geografía nacional entre los 10 y 11 de junio- se trata del apoderado de la empresa OPR, se encontró "un conjunto de documentos" que incluía "un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de 'Abalos'" .

Esa tanda documental también incluía "adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR", así como "el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructura", según un informe en el que la UCO detallaba el contenido de lo intervenido, al que tuvo acceso Europa Press.

El Supremo ordenó registrar la casa de Fernández Menéndez y de su hermano Daniel -la de este último en Toledo-, administrador mancomunado de OPR, ante los indicios de que "en connivencia" con Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García "pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio". En concreto, la UCO hace referencia a contratos en Asturias y Galicia.

Los agentes señalan que los Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, excargo de Acciona Construcción en Navarra que les habría puesto en contacto con Koldo. También apuntan que la entonces mujer del ex asesor ministerial "habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Anfersa, vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna".

El juez Puente los investiga junto a otros tres empresarios entre los que destacan Joseba Antxón Alonso Egurrola, de Servinabar, la empresa de la que Cerdán tendría el 45 por ciento y que recibió más de 75 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobierno navarro.

Destaca igualmente Fernando Merino, de acuerdo con el informe de la UCO. Según los investigadores sólo sus presuntas mordidas supusieron 620.000 euros. También ha imputado a José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otra de las empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños.

Todos estos empresarios tendrán que declarar ante el TS entre el 4 y el 7 de julio, "en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles" que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio".

Puente explica que, "tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial", en alusión a Ábalos, "la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste", por lo que debe investigarlos el alto tribunal.

Respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO de requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas, Acciona Construcciones, Servinabar, OPR y LIC, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de Fiadelso, "fundación estrechamente vinculada" a Ábalos.

En total, ordena indagar en más de 500 cuentas bancarias. A las entidades bancarias también les reclama "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones".

Por otro lado, el auto responde también a la petición formulada por la defensa de Cerdán, que pidió retrasar la citación del próximo 25 de junio para poder estudiar la causa.

Anticipa ya que, tras tomarle declaración, valorará la adopción de medidas cautelares en su contra, como ya hiciera con los otros investigados

Anticipa ya que, tras tomarle declaración, valorará la adopción de medidas cautelares en su contra, como ya hiciera con los otros investigados: el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor ministerial Koldo García y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. A los tres, y a petición de Fiscalía, el TS les prohibió salir de España, les retiró el pasaporte y les impuso la obligación de comparecer periódicamente ante una sede judicial.

Puente explica también que la citación, señalada ya para el día 30, no será voluntaria, como acordó inicialmente, dado que Cerdán perdió su aforamiento al dejar su acta de diputado, de modo que el Supremo ya no necesita recabar el permiso de la Cámara Baja para actuar en su contra.

El Supremo expone asimismo que retiene la competencia para investigar a Cerdán, aun sin ser aforado, dada su conexión inescindible con los hechos referidos al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado.

A este respecto, recuerda que Cerdán "pudiera haber participado, actuando de consumo con el aforado (Ábalos), en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser éste, Santos Cerdán, quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas".

En un paso más, el magistrado autoriza a la UCO a investigar cuentas y productos bancarios en los que el ex secretario de Organización del PSOE figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos.

El instructor también se requiere información tributaria del hasta hace una semana 'número tres' del PSOE para conocer su situación financiera, así como la evolución de la misma.