"A lo largo de la investigación se ha podido determinar la existencia dentro de la Concejalía de Urbanismo de una trama organizada corrupta que, de forma continuada en el tiempo, habría estado beneficiando a diferentes promotores urbanísticos, en contra del interés general de la ciudad de Granada, alterando el normal funcionamiento de la Concejalía, contraviniendo en muchos casos la normativa urbanística vigente y con el consiguiente perjuicio a las arcas municipales". 

Así se recoge en un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, fechado el 15 de abril, que resume a la jueza encargada de la instrucción del caso Nazarí cómo se había desarrollado, dos días antes, la operación policial en la que fueron detenidos el exalcalde José Torres Hurtado, la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto junto a la cúpula del área y destacados constructores de la ciudad. 

Está incorporado al extenso sumario del caso, sobre el que se ha levantado el secreto y al que ha tenido acceso El Independiente de Granada. Son alrededor de 18.000 folios sobre los que adelantamos las primeras informaciones que iremos completando en los próximos días. 

Los reveladores correos del caso Nazarí Los correos que desvelan la comprometida relación entre la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto y el constructor Roberto García Arrabal,

Según la Policía, "la trama corrupta", habría estado actuando "como una verdadera organización criminal", cumpliendo todos los criterios para ello: "una pluralidad de personas, con una estabilidad en el tiempo, una jerarquía establecida, y un reparto de funciones entre los integrantes de la trama". 

Y el perjuicio ocasionado a las arcas municipales, según las primeras estimaciones de los agentes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción se cifraría en 28.889.355,81 euros. Todo ello fruto de las "irregularidades administrativas" detectadas en los expedientes investigados, que "no serían hechos aislados o inconexos", sino que se enmarcarían en el mismo "plan criminal".

Es la primera vez que se conoce una cifra en torno al posible perjuicio económico ocasionado por los investigados en este caso. Uno de los primeros cálculos manejados por los investigadores a raíz de las pesquisas desarrolladas durante los meses previos al momento en el que estalló el caso, con la operación policial.

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Imágenes de los furgones policiales que participaron en las entradas y registros. miguel rodríguez

¿Quién componía esta supuesta trama?

En la cúspide de esta trama estaría, según se detalla en los informes policiales incorporados al sumario, el exalcalde José Torres Hurtado, quien habría estado al tanto de todo lo acontecido en el área de Urbanismo en Granada, confiando en sus dos más estrechos colaboradores: Manuel Lorente y Isabel Nieto.

Junto a ellos, un conjunto de personas, todos enmarcados en la estructura administrativa del Ayuntamiento, además de los empresarios que figuran como investigados en la causa.

Las relaciones entre los investigados

Los empresarios Roberto García Arrabal, José Julián Romero y Enrique Legerén Félix, "colaboran y cooperan entre ellos mediante sus empresas en varias operaciones y desarrollos urbanísticos de Granada, así como en la licitación de adjudicaciones de contratos de obra de servicios de obra pública ofertada por el Ayuntamiento de Granada".

Los tres están o han estado involucrados en investigaciones judiciales relacionadas con supuestas irregularidades urbanísticas en Granada, como se recoge en el sumario.

“Hay una relación de tipo económico entre el entorno empresarial de José Julián Romero y Manuel Lorente, que se concreta en la compra por el funcionario de varios vehículos de la marca BMW a la empresa Nevauto. Los dos, como detallan los informes policiales, son amigos. Además, hay una relación laboral entre un familiar directo de Lorente, su hijo Javier, y el entorno empresarial de García Arrabal.

Existe también vinculación entre Isabel Nieto y Jesús Camy Escobar -registrador que figura entre la veintena de investigados en el caso-, al colaborar este último con el Ayuntamiento de Granada en el desarrollo y ejecución de diferentes planes parciales urbanísticos y ser compañero de profesión del marido de la concejala, según se detalla en las pesquisas.

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Torres Hurtado, flanqueado por Manuel Lorente e Isabel Nieto. j.algarra/ayuntamiento

Las supuestas irregularidades detectadas en el área de Urbanismo

Los expedientes en los que se trata de dar "apariencia de legalidad urbanística" eran tramitados por departamentos a los que, por sus competencias, no procedía elaborar e informar sobre ellos, según los investigadores.

• Se elaboraban informes por parte de funcionarios y altos cargos para los que no tenían competencias. Igualmente, se elaboraban pliegos de condiciones para la contratación de servicios sin intervención del área de Contratación, departamento especializado en su elaboración.
• Se realizaban reuniones con determinados departamentos de urbanismo "ocultándolas" a otros departamentos para "evitar los impedimentos que pudieran objetar", cuando la actuación de los distintos departamentos de urbanismo debe ser coordinada y de colaboración.
• Había "una injerencia" por parte de Isabel Nieto sobre qué debían contener los informes jurídicos emitidos por los distintos departamentos de Urbanismo.

"Los expedientes otorgados a funcionarios que informan de acuerdo a la legalidad urbanística y exponen las irregularidades observadas se reasignan a funcionarios conniventes o que pertenecen a la trama corrupta", detalla la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en otro de los informes incorporados al sumario -en este caso de marzo de 2016-.

Presiones y variación de la estructura de la Concejalía

La actuación de esta presunta trama corrupta no solo habría tratado de "influir" en los funcionarios del área de Urbanismo, sino que habría llegado a "variar la estructura administrativa de la misma", con el fin de "solventar los problemas que se estarían planteando por algunos departamentos para continuar con su actividad".

Por parte de los altos cargos de Urbanismo y del Ayuntamiento, detalla la Policía, se habría tratado de "imponer criterios no acordes con la legalidad urbanística y en contra del criterio de los funcionarios y técnicos sobre la forma de proceder en ciertos asuntos urbanísticos, llegando incluso a o reasignarlos para que cambien su criterio".

"La presión" sobre los funcionarios se materializaba mediante "la amenaza de desplazarlos de su puesto de trabajo, relegándolos a puestos inferiores o sin actividad laboral o, incluso, con echarlos de Urbanismo".

Los hechos investigados se desarrollan durante quince años, desde 2001 a 2016 según se detalla en el sumario. Todo el Urbanismo está bajo sospecha con esta investigación que, como se ha venido informando, partió de dos querellas presentadas por la Fiscalía: la primera relacionada con la operación urbanística que dio lugar a la construcción del Pabellón Mulhacén, en la calle Torre de la Pólvora, junto a distintos establacimientos de hostelería; y la segunda con un conjunto de viviendas en Casería de San Jerónimo, construcción que habría llegado a alterar el curso de un barranco y a la que se les habría otorgado de manera supuestamente irregular licencia de primera ocupación. 

Pero como señalan los investigadores, no se trata de hechos aislados y por ello se han ido incorporando expedientes. A los dos mencionados se suman:

• La operación en el Cerrillo de Maracena donde en su día se proyectó el fallido Palacio de Hielo.
• El inmueble en el que residen Torres Hurtado y Nieto.
• La remodelación de las instalaciones de un Registro de la Propiedad. 
• El edificio Progreso. 
• El proyecto de una residencia universitaria en el PTS.
• Aparcamientos públicos.

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