El Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias las condiciones para aprobar las medidas que les conciernen y que están recogidas en el Pacto de Estado para la Violencia de Género aprobado el 28 de septiembre en el Congreso de los Diputados. La Conferencia Sectorial de Igualdad, que se prevé tenga lugar la segunda semana de diciembre, sería el marco para escenificar el acuerdo, según las fuentes consultadas por Europa Press.

De este modo, el Ejecutivo, que se encarga de refundir los informes del Congreso y el Senado para el Pacto contra la Violencia de Género, estaría "más o menos" en plazo, pues cuenta con un margen de dos meses para aprobar los términos con las comunidades y ayuntamientos, competentes en la implantación de gran parte de las medidas acordadas. Las mismas fuentes consultadas afirman que el primer escollo, la financiación, ya se habría superado.

En este sentido, la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, reconoce que el Gobierno, aunque con cierto retraso, está en tiempos positivos, pues le consta que tiene reuniones con comunidades autónomas, y se ha mostrado confiada en que, en los próximos cuatro meses que quedan podrá sacar adelante gran parte de las medidas.

"No sé si aún se han reunido con el Consejo General del Poder Judicial", ha señalado, para apuntar que estos datos son los que el Ejecutivo deberá contar en la subcomisión creada en el Congreso para velar por el cumplimiento del Pacto.

"Seguimiento del grado del cumplimiento del acuerdo, identificar asuntos que podrían surgir al poner en marcha algunas medidas, analizar y recepcionar toda la información estadística en materia de violencia machista" son algunas de las labores que tendrá este órgano, según Álvarez, quien ha señalado su deseo es que sea "un espacio de transparencia". "También tendremos control y seguimiento de las campañas de concienciación del Ministerio de Igualdad", ha apuntado.

A la portavoz de Ciudadanos en este tema, Patricia Reyes, también le consta que existan esas reuniones, aunque se ha mostrado preocupada por el posible retraso en la puesta en marcha de algunas medidas. Llama así al Gobierno a "darse prisa" porque una reforma legislativa "no entra en vigor al día siguiente" de presentarla.

"Pasaría otro tiempo importante hasta que sea una realidad", ha denunciado, para señalar que las víctimas sufren cada periodo que pasa sin poner en marcha las medidas necesarias para su protección.

Más críticos han sido desde Unidos Podemos. Su portavoz de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha señalado que la inacción del Gobierno ante el Pacto podría ser considerada "violencia institucional" contra las mujeres. La diputada de En Marea ha criticado que el Ejecutivo no esté haciendo nada ante un acuerdo que ha sido ratificado por toda la Cámara. "Van a acabar una legislatura de mínimos, sin que pongan en marcha las reformas que hemos acordado", ha declarado.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el área de Igualdad ante el Congreso, Marta González, ha criticado esta actitud de Unidos Podemos. "Me resulta completamente inexplicable que las diputadas que formaron parte de la subcomisión, que trabajaron como las que más codo con codo con todas las personas allí reunidas, que tuvimos 44 sesiones, algunas de nueve horas de duración, que se fueron de allí satisfechas, abrazándose con todo el mundo y diciendo 'lo hemos conseguido', dos días después se abstuvieran", afirma.

En su opinión, no son las diputadas sino "las personas responsables de que ellas tomaran esa decisión" quienes "deberían explicar" el por qué se abstuvieron entonces y por qué cargan contra la puesta en marcha del pacto ahora denunciando unas dilaciones que a su juicio no son tales.

"No sé cuál fue la razón pero hasta el momento previo, formaron parte cien por cien de los resultados, incorporaron propuestas, discutieron medidas y el resultado final fue tanto fruto del trabajo de Unidos Podemos como del resto de los grupos. No puedo entender como se tira por tierra todo ese trabajo", ha comentado.

Financiación y competencias municipales

Preguntadas sobre las principales necesidades de este Pacto, el PSOE ha señalado que lo más importante era "que la ampliación de los presupuestos de 2017 no supusiera una merma económica y repercutiera en el Pacto", de ahí que presentaran una proposición no de ley en el Congreso solicitando un crédito extra de 200 millones de euros para luchar contra la violencia de género, que fue apoyado por la mayoría de la Cámara.

Para el resto de medidas, sobre todo las legislativas, Álvarez ha pedido "seriedad" y ha recordado que aún queda plazo. "Vamos a ser diligentes por hay muchas reformas que hacer", ha apuntado. Sin embargo, el PSOE ya ha presentado en el Congreso una iniciativa para que las competencias en materia de violencia de género pasen a los ayuntamientos. Esta medida está dentro del acuerdo.

Para Ciudadanos, el traslado competencial a la administración local es también una de las prioridades por ser los ayuntamientos quienes pueden dar a las víctimas la atención psicológica y jurídica que necesitan, entre otros servicios. "A los ayuntamientos es donde van a acudir las mujeres a pedir ayuda", ha señalado Reyes, quien ha apuntado que su partido ha comenzado a registrar iniciativas sobre este tema en los consistorios donde está presente.

Pero, además, la diputada naranja ha recordado la importancia de los presupuestos para el acuerdo. Así, ha señalado que en la negociación de su partido con el PP para los PGE de 2018 sí están incluidos los 1.000 millones comprometidos para el Pacto, una cifra que, según ha apuntado, "es la que cuenta", frente al crédito de 200 millones pedido por los socialistas.

"Eso no vale para nada", ha declarado, antes de llamar al PSOE a negociar los presupuestos para el año que viene que, según ha advertido, son los que cuentan para luego poner en marcha las más de 200 medidas del acuerdo.

La portavoz morada coincide con Ciudadanos y PSOE en que el tema de las competencias locales "es importante" para la puesta en marcha del Pacto, porque, según ha señalado, todo el informe redactado en el Congreso se remite a reformas de las políticas en lo municipal.