La defensa de los funcionarios de la Alhambra investigados por supuestas contrataciones irregulares en la monumento ha presentado un escrito de alegaciones en el juzgado que investiga el caso en el que "impugna la totalidad de las apreciaciones" y la "veracidad" de la auditoría encargada por la Consejería de Cultura sobre las contrataciones efectuadas por el Patronato de la Alhambra entre los años 2007-2015.

La auditoría fue encargada a raíz del llamado 'caso Audioguías' por el que fue detenida la entonces directora del Patronato, Mar Villafranca, y otras siete personas, entre ellas funcionarios y directivos del Patronato. Ese informe, que detectó "graves irregularidades" en las contrataciones de la Alhambra durante la etapa de Villafranca, fue presentado al juzgado en abril de 2017, y tras nuevas investigaciones policiales a partir de ese informe, en mayo de este año fueron detenidas 26 personas -actualmente en libertad con cargos- por supuestas ilegalidades en contratos efectuados por el Patronato en el periodo analizado por la auditoría. 

Sin embargo, la defensa de los funcionarios investigados estima en su escrito presentado hace unos días al Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, de 50 páginas y consultado por este periódico, que la auditoría "no se corresponde con la realidad documental" y está realizada con "afirmaciones falsas". 

Un "informe de parte acusadora"

En primer lugar, el escrito de alegaciones cuestiona la imparcialidad de la auditoría, que "no es un peritaje objetivo", sino "de parte", pues la Junta de Andalucía está personada como acusación particular en el caso, por lo que se trata de un "informe de parte acusadora". 

El escrito indica que esas "irregularidades" que describe la auditoría "no encuentran respaldo en la norma o la documentación disponible, pero que contribuyen a crear una imagen de “mala praxis” en materia de contratación" para "impulsar" la posición de acusación particular de la Junta de Andalucía, "para quien trabaja el autor del informe".

Según el documento elaborado por la defensa de estos funcionarios, en la auditoría hay "continuas referencias, que no se corresponden con la realidad, a trámites y documentos relativos a los expedientes mencionados, así como las opiniones personales del autor, insidiosamente maliciosas, en cuanto que no avaladas en absoluto por la prueba documental disponible a tal fin". 

Pero, en opinión de los letrados de los funcionarios, la auditoría "apenas es capaz de describir actuaciones ilícitas, no meras irregularidades administrativas, en casi ninguno de los contratos que analiza (que son todos los de las empresas señaladas por la exconsejera de Cultura en su encargo) y, cuando lo hace, es con información falsa o con meras opiniones personales que carecen de soporte documental alguno”.

Y el informe "obvia, inexcusablemente, los controles realizados en ese periodo por la Cámara de Cuentas, que revisó diversos contratos de los que se ponen en duda", dice el escrito de alegaciones, que aporta numerosa documentación, tanto actas de mesas de contratación como de las empresas beneficiarias incluidas en la investigación. 

Procedimientos "avalados"

Según indica el escrito de alegaciones, "en general, el informe atribuye la responsabilidad de los directivos y funcionarios del PAG (Patronato de la Alhambra y el Generalife) el uso de procedimientos que según él mismo son “incorrectos”.- Sin embargo, en todos los casos se trata de procedimientos avalados sistemáticamente, y de forma expresa, tanto por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, como por la Intervención de Hacienda, y que se aplicaron en virtud de los informes favorables de estos dos organismos, pues en caso de que los mismos hubieran mostrado su oposición al uso de los citados procedimientos, el PAG evidentemente no los hubiera aplicado".

La auditoría "incluye un gran número de apreciaciones personales sin respaldo documental que pretenden crear dudas sobre la legalidad de los contratos adjudicados. El informe apenas es capaz de señalar irregularidades concretas en los contratos que analiza, y cuando lo hace se trata con frecuencia, como hemos visto, de afirmaciones que no se corresponden con la verdad", dice el escrito de alegaciones.

Derecho a la defensa "mermado"

Según expresan los abogados del los funcionarios en su escrito, "estos antecedentes, más el hecho de que la policía haya referenciado expresamente el Informe de la Junta de Andalucía como base de su investigación actual en las Diligencias 1551/2017, y el gran número de afirmaciones que no responden a la verdad o sesgadas sin amparo en los datos disponibles que contiene dicho Informe, nos preocupan en grado sumo, por cuanto el derecho a la defensa de los investigados puede verse radicalmente mermado ante una atribución de “hechos delictivos” genérica y abstracta, que no establezca de forma individualizada los hechos y acciones que se consideran viciados de forma penalmente reprochable". 

A juicio de los letrados, "esto es, en definitiva, invertir la carga de la prueba: la acusación no tiene que justificar que hay hechos concretos delictivos en los expedientes, sino que son los investigados quienes tienen que demostrar que no los hay".

Contrataciones igual que las actuales

La defensa de estos funcionarios defiende su actuación en las contrataciones investigadas al expresar en su escrito que "los nombres, contenidos, solvencias exigidas, forma de licitación y adjudicación de los contratos, e incluso en bastantes casos las mismas empresas que concurren y/o resultan adjudicatarias, son prácticamente los mismos en el PAG en los periodos 2011-2015 y 2015-2018".

"Es decir, que se realizan sistemáticamente en la actualidad, en el PAG, acciones contractuales con el beneplácito de todos (Gabinete Jurídico incluido), que el Informe de la Junta de Andalucía al que estamos alegando considera que eran irregulares con la anterior Dirección", afirma el escrito de alegaciones.

De esta forma, los letrados cuestionan el informe de auditoría, dada "la cantidad desmedida de “puntos” en que aquel se basa, cuya credibilidad y veracidad resultan claramente evidenciadas como irreales, cuando no directamente falsos".

Y destaca que sus defendidos llevan tres años siendo investigados "sin que se haya podido demostrar y evidenciar ni siquiera una mínima intervención de su parte en los presuntos delitos por los que se le investiga".

El escrito "impugna la totalidad de las apreciaciones contenidas en el mismo, con independencia de las empresas o contratos sobre el que versan, tanto si afectan o no directamente a nuestra defensa, pues es el conjunto de las afirmaciones que en aquel se contienen, las que contribuyen a difundir una impresión general sobre la actuación contractual de los afectados, que en nada se corresponden con la realidad".

Y pide que "se decrete el fin de la instrucción del presente procedimiento al haberse excedido los plazos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de las causas criminales".