Lo que esconde el rechazo a titulaciones estratégicas a la UGR: La Junta frena el potencial de Granada en IA y Biomedicina
Moreno y el rector de la UGR, Pedro Mercado, en una acto en la Universidad de Almería. Junta de Andalucía
El rechazo de la Junta de Andalucía a que la Universidad de Granada no pueda ofrecer el próximo curso los grados y máster de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, -en campus de Granada y Melilla-, y el grado en Ingeniería Biomédica, -junto a la de Jaén-, ha causado la lógica indignación y profundo malestar en la perjudicada institución académica y también en partidos, sindicatos y hasta en el empresariado, ante el silencio cómplice del PP y las instituciones que gestiona. La UGR ya se quedó también sin titulación para otro de los proyectos estratégicos de Granada como es IFMIF-Dones.
El Gobierno de Moreno cercena de golpe el crecimiento de la Universidad de Granada en dos áreas estratégicas, y su indiscutible liderazgo internacional en estas materias, pero también frena en seco, no sin cinismo, el potencial de Granada en Inteligencia Artificial, especialmente, y en Biomedicina, al que la Junta ha aludido en numerosas ocasiones como polo a desarrollar, con su compromiso de respaldo en el área, porque “Granada es la capital de la IA”
Con la imposibilidad de cursar las dos titulaciones, el Gobierno de Juan Manuel Moreno cercena de golpe el crecimiento de la Universidad de Granada en dos áreas estratégicas, y su indiscutible liderazgo internacional en estas materias, pero también frena en seco, no sin cinismo, el potencial de Granada en Inteligencia Artificial, especialmente, y en Biomedicina, al que la Junta ha aludido en numerosas ocasiones como polo a desarrollar, con su compromiso de respaldo en el área, porque “Granada es la capital de la IA”.
A la UGR y a Granada les cerraron las puertas a las titulaciones estratégicas, sendos informes cuestionables de una controvertida agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), directamente dependiente de la Consejería de Universidad, un órgano creado por el Gobierno de derechas en una ley en diciembre de 2021 y, con sus estatutos probados por decreto en febrero de 2023, encargado de verificar y proponer las nuevas titulaciones demandadas desde los centros públicos y privados.
Una agencia nada independente, porque la preside el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, y en su cúpula hay otros tres cargos de la Junta, y sin director, desde el cese en marzo pasado de Antonio José Cubero lo que deja el puesto, según marcan los estatutos, al secretario General de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Ramón Herrera de las Heras. Además, hay otras dos vacantes: los puestos de responsabilidad del área de Evaluación y Acreditación y de la Calidad y Relaciones Institucionales.
Mientras se le negaban a la UGR las dos titulaciones estratégicas, la Junta, por contra autorizaba a universidades privadas a impartirlas, como adelantaba El Independiente de Granada. Son los casos del grado de Ingeniería Biomédica, que podrá cursarse en la Loyola, o el de Inteligencia Artificial y Computación, en la oferta del nuevo campus de la Alfonso X en Málaga.
Rectores de las universidades públicas andaluzas, con Moreno, en la apertura del curso universitario en Huelva. Universidad de Huelva.
Los informes desfavorables, son una sucesión de comentarios y valoraciones, emitidos por la discutida agencia administrativa de la Junta de Andalucía, objeto de polémica desde su creación, contra la que los rectores de universidades públicas andaluzas, agrupadas en la AUPA, claman por detectar, entre graves motivos, “disparidad en los criterios aplicados por las comisiones evaluadoras, lo que genera incertidumbre y dificulta la planificación universitaria
Los informes desfavorables, a los que ha tenido acceso El Independiente de Granada, son una sucesión de comentarios y valoraciones, emitidos por la discutida agencia administrativa de la Junta de Andalucía, objeto de polémica desde su creación, contra la que los rectores de universidades públicas andaluzas, agrupadas en la AUPA, claman por detectar, entre graves motivos, “disparidad en los criterios aplicados por las comisiones evaluadoras, lo que genera incertidumbre y dificulta la planificación universitaria”.
Lo señalaban en misiva enviada al Gobierno andaluz en marzo pasado, tras la dimisión del director de la agencia, Antonio José Cubero, a la que ha tenido acceso El Independiente de Granada, con duras críticas de los rectores de las universidades públicas andaluzas al funcionamiento de la agencia, hasta el punto de reclamar en la carta “permiso temporal para que las universidades públicas de Andalucía puedan acudir a otras agencias de acreditación europeas registradas en ENQA”, la Asociación Europea para la Garantía de Calidad en la Educación Superior.
En otro punto: “Informes con errores que hacen referencia a otros títulos o solicitan acciones ya recogidas en los informes presentados. La Agencia enocasiones envía informes de evaluadores que se refieren a otros títulos o a otras universidades. Asimismo, requiere ocasionalmente, información que ya ha sido enviada”.
En un asunto de tanta trascendencia para futuro de la UGR son firmadas por una “colaboradora técnica de la agencia para la coordinación del área de Evaluación y Acreditación de enseñanzas superiores”
Los informes desfavorables aluden a la falta de profesorado
Lo primero que llama la atención de los informes desfavorables a las dos titulaciones, a los que ha tenido acceso El Independiente de Granada, es que en un asunto de tanta trascendencia para futuro de la UGR son firmadas por una “colaboradora técnica de la agencia para la coordinación del área de Evaluación y Acreditación de enseñanzas superiores”.
En ambos casos, el rechazo alude a la falta de profesorado para impartir las materias, un tema relacionado a la infrafinanciación de las universidades públicas andaluzas por parte de la Junta, que generó un agrio debate entre el Gobierno del PP y los rectores, que en su profundo malestar acusaron a la Junta, si embargo, de poner una “alfombra roja” a las privadas.
Sobre el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, destaca el informe que la memoria de la Universidad de Granada “describe la relevancia de la temática del título, en particular, se describe la situación de la IA y la Ciencia de datos y su relevancia en diversos sectores, como la salud, la industria o la investigación científica y aporta información sobre los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de estudios. Las evidencias que se aportan ponen de manifiesto el interés del título dentro del contexto de la universidad proponente, proporcionan referentes nacionales e internacionales relevantes del título y está clara la correspondencia de estos con la propuesta”.
Y resalta la Junta: “El título no habilita para el ejercicio de profesiones reguladas. Los perfiles de egreso a los que se orienta el título están definidos con claridad"
Y llegan los reproches: “No se justifica que el centro responsable sea la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, algo necesario teniendo en cuenta que la titulación es más afín al otro centro y que el propuesto como responsable necesita una alta inversión en personal, como se valorará posteriormente de cara a crear una plantilla capaz de impartir la titulación en el Campus de Melilla. En la memoria justificativa aparece que los dos centros serán corresponsables en los procedimientos de aseguramiento de la calidad del título regulados por el Real Decreto 822/2021, lo que no está claro que es lo que significa de cara a los agentes involucrados en la impartición del título y en su funcionamiento diario”.
Y resalta la Junta: “El título no habilita para el ejercicio de profesiones reguladas. Los perfiles de egreso a los que se orienta el título están definidos con claridad”.
Le reclama “aclarar los efectos de la corresponsabilidad del título entre los dos centros, qué estructura tendrá, cuáles serán sus efectos tanto durante la implantación como durante el pleno funcionamiento”, en el apartado de Descripción, objetivos formativos y justificación del título.
También le exige aportar “un calendario de contratación del profesorado no disponible, especialmente para el campus de Melilla, indicando además los perfiles de esa nueva contratación, así como el plan de contingencia en caso de incidencias en la contratación de dicho profesorado” y “calendario de contratación del personal de apoyo necesario en los dos centros en los que se imparte el título”
El otro gran reproche se refiere al “Personal académico y de apoyo a la docencia” al reclamar a la UGR “incorporar (al menos por cada área de conocimiento) además de los créditos previstos y los créditos disponibles, los créditos que actualmente imparte el área de conocimiento en otros títulos, o en su caso adecuar el número de horas que imparte cada profesor/a al máximo que puede impartir, 8 horas semanales, para que no superen las 240h establecidas que permita el cálculo de las horas comprometidas y de las potenciales, para calcular las horas disponibles para las asignaturas de este título”
También le exige aportar “un calendario de contratación del profesorado no disponible, especialmente para el campus de Melilla, indicando además los perfiles de esa nueva contratación, así como el plan de contingencia en caso de incidencias en la contratación de dicho profesorado”; “garantizar que el personal tutor en empresas cumpla los requisitos fijados por la normativa de prácticas” y “calendario de contratación del personal de apoyo necesario en los dos centros en los que se imparte el título”.
Así despacha el grado que solicitaba la UGR el organismo dependiente de la Junta.
Sobre el grado en Ingeniería Biomédica, los reproches en cuanto a “aspectos que no han sido solventados, identificados en el provisional para obtener un informe definitivo favorable” son que “se deben proporcionar los convenios firmados con empresas para la formación dual, e indicar la oferta de plazas de la mención dual que garanticen su realización por el estudiantado; definir los criterios de adscripción de las empresas colaboradoras y “ especificar con claridad la distribución de la docencia en inglés, incluyendo los requisitos lingüísticos del alumnado y del profesorado”. Todo ello en el primer apartado: Descripción, objetivos formativos y justificación del título.
La Junta también le reprocha la necesidad de “detallar los mecanismos específicos de evaluación de los resultados de aprendizaje adquiridos en la Mención Dual, asegurando su coherencia con el sistema de evaluación general del título. Esta información deberá ser recogida en los convenios firmados” y que debe “incluir en la memoria una referencia explícita a la Ley 10/2022, de 6 de septiembre, asegurando la alineación de los resultados de aprendizaje con los requisitos legales aplicables”, dentro del apartado “Resultados del proceso de formación y de aprendizaje”.
Le insta a “especificar a qué materias se refieren los créditos cursados en títulos propios”, como censura en “Admisión, reconocimiento y movilidad”. Y en “Planificación de las enseñanzas”, a “incluir la realización de prácticas externas curriculares en el itinerario general para garantizar la adquisición de competencias profesionales”
Le insta a “especificar a qué materias se refieren los créditos cursados en títulos propios”, como censura en “Admisión, reconocimiento y movilidad”. Y en “Planificación de las enseñanzas”, a “incluir la realización de prácticas externas curriculares en el itinerario general para garantizar la adquisición de competencias profesionales”.
Finalmente, le solicita “aportar calendario de contratación del profesorado no disponible, especialmente para el campus de Melilla, indicando además los perfiles de esa nueva contratación, así como el plan de contingencia en caso de incidencias en la contratación de dicho profesorado”, “garantizar que el personal tutor en empresas cumpla los requisitos fijados por la normativa de prácticas” y aportar “calendario de contratación del personal de apoyo necesario en los dos centros en los que se imparte el título”, en capítulo sobre “Personal académico y de apoyo a la docencia”.
De esta forma la Junta justifica el rechazo del grado a la UGR.
Cinismo y falta de coherencia de la Junta y el PP y falta
El Gobierno de Juan Manuel Moreno y el PP, que obtuvieron rédito político con la no elección de Granada como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, queda retratado ahora al reducir la proyección internacional de la UGR y la provincia en dos sectores estratégicos que tratan de liderar en una compleja carrera competitiva, con el rechazo a titulaciones sustentados en informes desfavorables,
Rectores de las universidades públicas andaluzas, con Moreno, en la apertura del curso universitario en Huelva. Universidad de Huelva.
Tras aquello, fue cuando la Junta de Andalucía gobernada por el PP se fijó en Granada como capital de la IA en “desagravio”, como señaló el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y puso en marcha el centro andaluz de Inteligencia Artificial, mientras el Ayuntamiento impulsó el Centro Demostrador de IA iQuantum
Cuando el Gobierno de España optó por La Coruña, como sede de la agencia estatal, la reacción furibunda se centró exclusivamente en la carencia de una baremación que pudiera medir con objetividad el concurso, sin detenerse en los informes que se decantaban por la opción gallega, entre otras conclusiones, por la mejor oferta al futuro personal y que en aquella comunidad sí existía ya una estrategia regional de IA, que en Andalucía no fue puesta en marcha por la Junta hasta después del varapalo.
Tras aquello, fue cuando la Junta de Andalucía gobernada por el PP se fijó en Granada como capital de la IA en “desagravio”, como señaló el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y puso en marcha el centro andaluz de Inteligencia Artificial, mientras el Ayuntamiento impulsó el Centro Demostrador de IA iQuantum, amos con apertura prevista para noviembre, aunque no se conoce con exactitud sus contenidos.
Ahora como entonces, tampoco existe una baremación precisa en los informes de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), pero la Junta y el PP callan.
Nada extraño en el ejecutivo de derechas, que ya aboga por primar la sanidad privada en detrimento de la pública
La apuesta del Gobierno de Moreno por las universidades privadas, como por la sanidad privada
En el fondo subyace también la decidida apuesta del Gobierno andaluz de Moreno por las universidades privadas, que gozan de “alfombra roja”, como se quejaban amargamente los diez rectores de las universidades públicas de Andalucía con razón. En tan solo dos años, Andalucía ha pasado de contar con una a seis.
Nada extraño en el ejecutivo de derechas, que ya aboga por primar la sanidad privada en detrimento de la pública.
Este lunes la UGR presentará sus alegaciones a los informes desfavorables. ¿Será capaz la Junta de rechazarlos otra vez objetivamente, pero de seguir usando la IA como crítica partidista contra el Gobierno de España?
