La jueza que instruye el caso Nazarí acaba de apremiar a la Junta de Andalucía para que entregue el análisis de la última documentación que le envió este verano. Lo ha hecho en una providencia fechada el pasado miércoles 9 de octubre, en la que pide a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana el "urgente cumplimiento" de las cuestiones que le solicitó.

Los peritos de la Junta ya habían concluido todos los informes y respondido a las aclaraciones solicitadas por las partes personadas en el caso, pero el pasado verano el Ayuntamiento de Granada entregó nueva documentación, en buena parte relacionada con el expediente del Pabellón Mulhacén, pero también con la sanción urbanística por las obras del Registro. Esa información había sido reclamada por la acusación ejercida por el empresario Ramón Arenas, a raíz de cuyas denuncias se inició la investigación de la presunta trama urbanística. 

El Ayuntamiento, después de pedir en agosto un poco más de tiempo "dada la cantidad de documentación solicitada y las fechas" en la que se encontraban "que tiene su repercusión en el número de funcionarios que actualmente se encuentra en sus puestos de trabajo", la entregó a mediados de septiembre. En un informe por cierto en el que transmite que parte de la información solicitada no está en el Consistorio, sino en situación de "préstamo" a disposición del Juzgado al haber sido objeto de informe. 

Una vez recibida se remitió a los peritos de la Junta para que se pronunciaran sobre el alcance y la relevancia para el caso.

Es uno de los últimos pasos dados en la investigación, que acaba de incorporar al sumario otro informe de la UDEF, esta vez relacionado con el llamado expediente Registro. Los agentes recogen la relación de propietarios, que serían los supuestos perjudicados en esta operación.

Precisamente en lo referido a los investigados, este próximo lunes está prevista la declaración de la exconcejala del PP Telesfora Ruiz y dos funcionarios del área de Urbanismo. Esas declaraciones estuvieron inicialmente programadas para el 26 de septiembre, pero se aplazaron.

Contratiempo para Ramón Arenas

Por otra parte, el empresario Ramón Arenas suma otro contratiempo a la labor de acusación que está ejerciendo en este caso. En esta ocasión, la decisión judicial, atendiendo a lo planteado por la defensa de algunos de los acusados, se le exige que, si pretende una acusación distinta a la del Ministerio Fiscal, deposite una fianza de 5.000 euros. Su acción queda limitada a los hechos y delitos que son objeto de investigación e imputación por el Ministerio Fiscal y no a hechos, delitos o personas distintas.