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Finaliza la fase de instrucción y dicta auto de procedimiento abreviado.

La jueza procesa al exalcalde de Granada y nueve de sus ediles por el caso Serrallo

Política - IndeGranada - Lunes, 12 de Febrero de 2018
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María de los Ángeles Jiménez, procesa al exalcalde de Granada José Torres Hurtado, a la exconcejala de Urbanismo y a los ediles que participaron en una Junta de Gobierno Local por el caso Serrallo.
Torres Hurtado acompañado de parte de los ediles ahora imputados, el día que presentó su dimisión como alcalde.
M.Rodríguez
Torres Hurtado acompañado de parte de los ediles ahora imputados, el día que presentó su dimisión como alcalde.

El auto de la jueza instructora dispone que las diligencias abiertas por el caso Serrallo, que investiga supuestas irregularidades urbanísticas en una parcela destinada a zona verde y donde se autorizó finalmente una discoteca en Granada, continúen por el trámite de procedimiento abreviado.

El mismo auto explica que este procedimiento se desarrollará contra el exalcalde José Torres Hurtado (PP), que dimitió tras ser detenido en el marco de la conocida como "operación nazarí", la que era su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y otras quince personas, entre funcionarios, ediles y el empresario Roberto García Arrabal por su presunta participación en siete delitos.

La resolución judicial apunta, entre otros delitos, los de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El auto también establece seguir el mismo trámite por un posible delito de prevaricación urbanística contra los diez concejales que participaron en la Junta de Gobierno Local en la que se dio luz verde al proyecto urbanístico. Estos son: Juan Antonio Mérida, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Vicente Aguilera, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, así como el interventor Francisco de Paula Aguilera.

De todos los concejales, seis siguen en el actual grupo municipal del PP, es decir, más de la mitad puesto que son 11.

En el caso estuvo inicialmente investigada la exsecretaria del Ayuntamiento Mercedes López Domech, aunque las actuaciones respecto a ella quedaron archivadas.

En total hay diecisiete investigados en la causa. p.v.m.

 

"Torres Hurtado presuntamente tenía conocimiento absoluto de la operación especulativa" del Serrallo

En el auto, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, la jueza afirma que Torres Hurtado "presuntamente tenía conocimiento absoluto de la operación especulativa" que se llevó a cabo en el Serrallo, donde se adjudicó junto al centro comercial la construcción de un parque infantil pero se levantaron finalmente pista de patinaje y discoteca, unos usos prohibidos en el PGOU y que no se contemplaron en el pliego de condiciones. "Existen indicios de su participación en ella", concluye.

Tras exponer que en el Ayuntamiento existía supuestamente "una estructura de poder paralela al organigrama oficial", señala que a propuesta de la edil de Urbanismo se aprobó por unanimidad en la Junta de Gobierno Local el cambio de uso, al pronunciarse sobre horarios y ampliación a uso de restauración de las instalaciones terciarias, alterando, tanto la superficie construida como la ordenación estructural que para los Sistemas Generales y usos establecidos establece el Plan General, alterando de forma esencial las condiciones del concurso y de la concesión administrativa otorgada en cuanto a su objeto, con incidencia esencial en el canon establecido inicialmente".

Isabel Nieto, tras prestar declaración por el caso Serrallo en mayo del pasado año. indegranada

Rechaza la jueza que, como sostuvo el exalcalde en su declaración, él no hubiera participado en esas decisiones, que atribuyó a las comisiones ejecutivas de la Gerencia de Urbanismo. Y al respecto recuerda que la Gerencia como organismo se extinguió en 2012 y a partir de ese momento todas las competencias pasaron a la Junta de Gobierno Local que presidía Torres Hurtado.

"Además, en este caso -abunda la jueza-, se investiga no sólo la vulneración de la normativa urbanística y posible delito de prevaricación urbanística sino que de lo actuado y en el transcurso de la instrucción, aparecen indicios, entre otros, de delito de fraude en la contratación por incumplimiento, alteración y modificación esencial del pliego de cláusulas administrativas y del contrato inicialmente aprobado por el alcalde y la Junta de Gobierno Local por lo que no cabe alegar para eximirse de responsabilidad tal delegación de competencias". 

"Para lograr la impunidad", elaboraron unas ordenanzas que legalizaron a posteriori los usos como discoteca

Recuerda también que ni el alcalde ni su equipo de gobierno hicieron nada para restablecer la legalidad urbanística y que, muy al contrario, "para lograr la impunidad", elaboraron unas ordenanzas de Edificación que incluyeron, a posteriori, la posibilidad de implantar en esa parcela los usos ya implantados.

Respecto a la participación y responsabilidad de los ediles de la Junta de Gobierno, la jueza vuelve a recordar que estos no pueden "limitarse a votar", como señalaron en sus declaraciones: "(...) tienen la obligación de obtener datos o informaciones en poder de los servicios de la Corporación que resulten precisos para el desarrollo de su función. Es más, deben de cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad, no pudiendo reducirse su votación a una mera actuación "automática" como se argumentó al respecto". 

Los ediles Juan Antonio Fuentes y Francisco Ledesma tras su declaración el pasado año. indegranada

Los delitos que se atribuyen a los investigados

-Contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias: José Torres Hurtado, Isabel Nieto, Roberto García Arrabal, Emilio Martín Herrera, Manuel Lorente, Gaspar Navarro, María Paz Spínola, Agustín Belda.

-Cohecho: Roberto García Arrabal y Manuel Lorente.

-Prevaricación urbanística: José Torres Hurtado, Isabel Nieto, Juan Antonio Mérida, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Vicente Aguilera, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés y Francisco de Paula Aguilera.

Las partes personadas en el caso tienen ahora un plazo de veinte días para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa.

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