artículo de opinión por joan carles march
Andalucía, en el camino acelerado hacia la privatización sanitaria
El reconocido experto en Salud Pública Joan Carles March analiza en este imprescindible artículo la creciente privatización en la sanidad pública andaluza, desde que gobierna el PP, para llegar, a la luz de los datos oficiales, entre otras conclusiones, a que la grave crisis actual por el escándalo en el cribado del cáncer de mama le está sirviendo a Juan Manuel Moreno Bonilla como argumento para su desmantelamiento.
Juan Manuel Moreno, el pasado jueves en la sesión de control al Gobierno andaluz que preside en el Parlamento autonómico. Parlamento de Andalucía.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha publicado su último informe sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas, y los datos son tan claros como preocupantes: todas las comunidades avanzan hacia un modelo cada vez más privatizado, aunque a distintas velocidades.
Andalucía destaca por su aceleración. Según el estudio, nuestra comunidad ha experimentado un incremento del 32% en su nivel de privatización desde 2019, una cifra que la sitúa entre las regiones que más han intensificado la transferencia de recursos públicos al sector privado.
Y en ese mapa desigual, Andalucía destaca por su aceleración. Según el estudio, nuestra comunidad ha experimentado un incremento del 32% en su nivel de privatización desde 2019, una cifra que la sitúa entre las regiones que más han intensificado la transferencia de recursos públicos al sector privado.
Un modelo que se extiende silenciosamente
El informe de la FADSP, elaborado a partir de datos de 2023 y 2024 y analizado mediante criterios estadísticos, establece un índice de privatización con una media nacional de 21,3 puntos sobre 34.
En este índice, Andalucía alcanza los 23 puntos, situándose en el grupo de comunidades con “velocidad intermedia” de privatización, junto a Aragón y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la evolución reciente es la que despierta las alarmas: mientras otras regiones mantienen posiciones estables, Andalucía ha pasado en apenas cinco años de ser una comunidad con baja privatización a estar cerca del grupo de cabeza.
La explicación, según el informe, está en la expansión de los conciertos con centros privados, la externalización de servicios y el aumento del aseguramiento privado, impulsados en buena parte por el deterioro de la atención pública: falta de personal, saturación en las listas de espera y desinversión estructural.
En otras palabras, la crisis de la sanidad pública andaluza está sirviendo de argumento para su desmantelamiento.
En otras palabras, la crisis de la sanidad pública andaluza está sirviendo de argumento para su desmantelamiento.
El falso dilema: “colaboración” o abandono
Los responsables políticos suelen justificar esta deriva bajo la fórmula de la colaboración público-privada. Pero la FADSP desmonta ese relato: no se trata de colaboración, sino de sustitución. Los fondos públicos que deberían reforzar hospitales, centros de salud o plantillas se destinan a financiar la actividad de clínicas privadas, a menudo propiedad de grandes grupos empresariales que cotizan en bolsa.
Mientras tanto, los jefes de servicio y de sección —gestores de lo público— compatibilizan sus cargos con la práctica privada, consolidando un sistema de puertas giratorias en el que la salud se convierte en negocio
Mientras tanto, los jefes de servicio y de sección —gestores de lo público— compatibilizan sus cargos con la práctica privada, consolidando un sistema de puertas giratorias en el que la salud se convierte en negocio.
El resultado es un modelo dual: una sanidad para quien puede pagar y otra, cada vez más precaria, para quien depende del sistema público.
Un gasto que castiga a las familias
España supera ya la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30% del total (frente al 21% de la OCDE) y hasta un 3% del PIB.
En 2022, el gasto de bolsillo de las familias alcanzó los 25.143 millones de euros, el 26% del gasto sanitario total. Estos datos reflejan una carga directa y creciente sobre los hogares, que se ven obligados a contratar seguros o pagar de su bolsillo prestaciones no cubiertas por el sistema público, como la odontología o parte de la atención especializada.
En Andalucía, donde los niveles de renta son más bajos que la media estatal, este fenómeno agrava las desigualdades en el acceso a la salud: quienes menos tienen, soportan proporcionalmente un mayor esfuerzo para recibir atención médica o simplemente renuncian a ella
En Andalucía, donde los niveles de renta son más bajos que la media estatal, este fenómeno agrava las desigualdades en el acceso a la salud: quienes menos tienen, soportan proporcionalmente un mayor esfuerzo para recibir atención médica o simplemente renuncian a ella.
Privatizar la sanidad: una decisión política
La FADSP es tajante: la privatización sanitaria no es un proceso natural ni inevitable, sino el resultado de decisiones políticas explícitas. Madrid, Cataluña o Baleares llevan décadas aplicando modelos privatizadores, pero ahora Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana y Extremadura se suman a esa senda, con un crecimiento que no responde a la casualidad, sino a una voluntad política clara.
Hoy, la realidad demuestra que no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades de recibir atención de calidad, dependiendo de la comunidad en la que vivan
Esa desigualdad territorial cuestiona el propio sentido del Sistema Nacional de Salud, concebido para garantizar los mismos derechos sanitarios en todo el país. Hoy, la realidad demuestra que no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades de recibir atención de calidad, dependiendo de la comunidad en la que vivan.
Defender lo público es defender la igualdad
Andalucía fue durante años un ejemplo de compromiso con la sanidad pública. Hoy, corre el riesgo de perder ese patrimonio social
Andalucía fue durante años un ejemplo de compromiso con la sanidad pública. Hoy, corre el riesgo de perder ese patrimonio social. Privatizar no mejora la eficiencia, ni reduce listas de espera, ni garantiza la calidad; solo traslada el dinero público al bolsillo de unos pocos y rompe el principio de equidad que da sentido a lo público.
La salud no puede medirse en rentabilidad ni gestionarse como un mercado. Lo que está en juego no es solo un modelo sanitario, sino un modelo de sociedad.
Defender la sanidad pública andaluza no es una consigna ideológica, es una urgencia democrática.
