UGT-Servicios Públicos de Granada ha convocado una manifestación en Granada el próximo 9 de noviembre para protestar por "los efectos negativos" de la nueva orden de la Junta por la que se desarrolla, en la comunidad autónoma de Andalucía, el procedimiento establecido para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Juani López, secretaria general de UGT-Servicios Públicos de Granada, ha explicado "las consecuencias negativas" del nuevo decreto de simplificación administrativa que la Junta ha puesto en marcha, y el cambio que han dado para adjudicar plazas: "no se hacen PIAS (Programa Individual de Atención, que es el documento en el que se recogen los servicios y prestaciones que se le conceden en concreto a una persona en situación de dependencia) y a las familias le ofrecen el pago directo al usuario desde el mes siguiente, 300 euros, a cambio de plaza en residencia o servicio de ayuda a domicilio, que tardaría hasta dos años en disfrutar".

"Se está haciendo un chantaje en toda regla a los familiares, diciéndoles si aceptan la prestación económica, tendrán pronto la valoración para el servicio de ayuda a domicilio o la residencia pública, pero esto no es cierto, afirma, va a seguir tardando tardar más de dos años"

Por lo que los afiliados y delegados y delegadas de UGT en los distintos centros de valoración de Andalucía trasladan al sindicato, "no se están haciendo valoraciones de los usuarios". Esto, ha señalado la ugetista, va a suponer "muchas menos horas para la ayuda domiciliaria y para la residencias y centros de días". A juicio de López, "se está haciendo un chantaje en toda regla a los familiares, diciéndoles si aceptan la prestación económica, tendrán pronto la valoración para el servicio de ayuda a domicilio o la residencia pública, pero esto no es cierto, afirma, va a seguir tardando tardar más de dos años".  

Tras el "esfuerzo" que ha costado profesionalizar al sector, a través de los certificados de profesionalidad, recuerda la ugetista, "por un lado va a haber mucho desempleo en el sector de dependencia y ayuda domicilio, y por otro, va a haber muchas personas mayores que no van a ser atendidos por profesionales, incluso con grados de dependencia II y III, que requieren cuidados profesionales". 

"No podemos permitir otra vez volver al modelo anterior", dice la representante de UGT, con personas mayores "desatendidas". La prestación de este servicio, concluye, "la tienen que dar los profesionales, no lo pueden dar sólo familiares", ha concluido. 

Por su parte, Juan José Carrillo, presidente de la Asociación Granadina de Centros de Pensiones Mayor, AGRACAM, tras apoyar la movilización convocada por UGT, ha manifestado su "protesta enérgica por la paralización" de todos los procedimientos de asignación de la dependencia y "las repercusiones que esto va a tener a medio plazo, tanto sobre la calidad de vida de los mayores que están pendientes de la adjudicación de algún recurso, sobre la revisión de su estado de dependencia y, lógicamente, sobre el trabajo y la viabilidad de los centros de atención al mayor, en concreto, de la residencias". 

Estas son cuestiones que vienen sucediendo desde hace ya algunos meses, afirma Carrillo, denunciando, por tanto, el perjuicio que esto va a causar, sobre todo a los mayores, que ven cómo sus derechos "están siendo vulnerados", afirmando que ya se está viendo cómo a personas con alto grado de dependencia están asignándoles recursos que, desde luego, no son los adecuados para su estado de dependencia.

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