En Granada, en abril de 2025, el paro registrado ha sido de 69.260 personas, 2.604 menos que el mes pasado (-3,62%), y hay 5.243 personas inscritas en paro menos que hace un año (74.533), cuando bajó el desempleo en 2.108 personas. En el análisis por sectores, el paro ha bajado en todos ellos, por este orden: servicios (-1.668), colectivo de personas sin empleo anterior (-504), agricultura (-201) e industria (-141) y construcción (-90). En cuanto a la contratación, durante este mes, se han realizado en Granada un total de 24.003 contratos, 1.785 menos que en el mismo mes del año 2024 (27.788). Del total de contratos de abril, 14.428 han sido temporales, un 60,11%. En cuanto a la contratación acumulada en lo que llevamos de año, se han firmado 104.555 contratos laborales en Granada, 71 más que a esta misma fecha del año pasado, cuando había 104.484. De esos 104.555 contratos en lo que llevamos de 2025, un 40,61% (42.455) han sido de carácter indefinido.

El último mes de apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada y la Semana Santa han tenido una influencia notable en las cifras de desempleo y contratación del mes de abril en la provincia de Granada. Así lo ha manifestado Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de UGT Granada, quien ha señalado que "se observa que el descenso del paro se ha producido en su gran mayoría en el sector servicios, sector del que depende claramente la economía provincial, y con contratos temporales".

Gutiérrez ha insistido en la necesidad de abordar de una vez por todas los desequilibrios estructurales que caracterizan al mercado de trabajo provincial, marcado por la estacionalidad, la temporalidad, y, gracias a la reforma laboral, cada vez menos por la precariedad.  En este sentido, ha lamentado que "no se atisban, ni en el horizonte político ni en el económico, el necesario cambio de modelo productivo que la provincia de Granada, y su clase trabajadora, necesitan". A pesar de que siempre es positivo que disminuya el desempleo y aumente la contratación, el secretario general de UGT Granada ha advertido que "siempre es positivo que baje el desempleo y aumente la contratación, pero el mercado laboral sigue arrastrando algunos desequilibrios estructurales y áreas de mejora para ganar en eficiencia y derechos para la clase trabajadora".

Reducir la jornada, una "necesidad social"

En este contexto, Luis Miguel Gutiérrez ha afirmado que "es el momento de dar un nuevo impulso a la calidad del empleo y a la distribución justa de la riqueza que genera nuestra economía". Ha subrayado que la evolución de los principales indicadores económicos constata que existe la oportunidad y la responsabilidad de dar un paso decisivo: "reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial". En sus palabras, "no hablamos solo de una aspiración sindical; hablamos de una necesidad social y de justicia económica". Por ello, considera imprescindible que "esta medida se adopte por ley, para que nadie quede atrás y todas las personas trabajadoras, independientemente de su sector o empresa, puedan beneficiarse de una transformación largamente reclamada", que además "contribuirá, además, a repartir mejor el tiempo y la riqueza, favoreciendo la conciliación, la salud laboral y la creación de empleo de calidad".

Asimismo, el secretario general de UGT Granada ha recordado que, un año después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) diera la razón a UGT y concluyera que la legislación española sobre despido vulnera la Carta Social Europea, se sigue esperando que el Gobierno adapte el marco normativo a los estándares europeos. Ha urgido a reformar la normativa sobre despido para que "las indemnizaciones recuperen su función disuasoria y reparadora", y para "reinstaurar los salarios de tramitación, eliminados en la reforma laboral de 2012". Esta reforma, ha añadido, "debe garantizar también que ni los jóvenes ni las mujeres vuelvan a ser discriminados con indemnizaciones menores, consecuencia de la precariedad estructural que sufren en el mercado de trabajo".

Finalmente, Luis Miguel Gutiérrez ha abogado por reforzar las políticas activas de empleo, orientándolas de manera personalizada para mejorar la empleabilidad de las personas en desempleo, combatiendo especialmente el paro de larga duración y facilitando la inserción de los colectivos más vulnerables. En definitiva, ha concluido que "la senda de crecimiento económico debe traducirse, de una vez por todas, en un reparto equitativo de la riqueza y en el fortalecimiento de los derechos laborales"