Carazo y Saavedra evitan comparecer para dar explicaciones sobre las multas y la presunta trama en la Policía Local
Ana Agudo entre Amparo Arrabal y Encarnación González. indegranada
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y su número dos, el teniente de alcalde Jorge Saavedra, han evitado comparecer en la comisión extraordinaria de Seguridad celebrada este miércoles, una convocatoria forzada por el grupo socialista en el Ayuntamiento, que exigía explicaciones sobre la retirada de multas a cargos de la esfera del PP, el acoso que sufrieron al menos dos policías locales por negarse a quitarlas y sobre las responsabilidades políticas derivadas del caso de las multas y la presunta trama en la Policía Local.
Como tenía obligación legal de convocar la comisión y celebrarla, porque la ley y el reglamento municipal amparan esa solicitud, lo que ha hecho el gobierno de Carazo ha sido utilizar su mayoría absoluta para modificar sobre la marcha el orden del día, que estaba fijado por el PSOE, someter esos puntos a votación y tumbarlos. El secretario del Ayuntamiento ha avalado que se sometiera a votación.
De modo que la comisión se ha celebrado, porque había obligación legal de hacerlo, pero no estaban ni la alcaldesa ni el primer teniente de alcalde. Sí, lógicamente, la concejala de Seguridad, Ana Agudo, que preside la comisión, al tratarse de sus competencias. Finalmente no han dado explicaciones, como ya lo evitó en pleno Carazo, que en el caso de las presuntas irregularidades que salpican a la Policiía Local de Granada deja que la cara la pongan sus subordinados. En este caso, una vez más, Ana Agudo.
"¿Qué tiene que esconder? ¿Por qué no comparece? Hay un refrán que dice que quien calla, otorga"
"¿Qué tiene que esconder? ¿Por qué no comparece? Hay un refrán que dice que quien calla, otorga", ha afirmado sobre la alcaldesa la portavoz del PSOE municipal, Raquel Ruz, que ha utilizado sus turnos de palabra para hacer las preguntas que hubiera formulado tanto a la alcaldesa como a su número dos.
Hasta la concejala de Vox que forma parte de esta comisión, Mónica Rodríguez, ha afeado la espantada. "La falta de explicaciones voluntarias lo que hace es oscurecer más este tema", ha dicho para recordar que "va con el cargo dar explicaciones para que se sepa lo que está pasando".
El orden del día de la comisión extraordinaria recogía estos tres puntos:
PRIMERO.- Comparecencia de la Sra. Alcaldesa, en referencia a su presunta responsabilidad política sobre las directrices que, en su caso, pudiera haber dado en orden a retirar multas a personas pertenecientes al Partido Popular y cargos públicos del mismo.
SEGUNDO.- Comparecencia del Sr. Saavedra, en relación al presunto intento de retirada de multa a una concejala de Albolote, por aparcar irregularmente en un paso de peatones.
TERCERO.- Comparecencia de la Sra. Agudo, por su presunta implicación política en las órdenes de retirada de multas a cargos del PP, así como su conocimiento de irregularidades en los procesos de selección y demás ilícitos investigados en los sumarios y judicializados; así como su presunta implicación en la trama de denuncias falsas contra el Inspector de Tráfico, que da lugar al expediente de acoso laboral contra el Sr. Jiménez Avilés ste era el orden del día.
Así lo planteó el PSOE y así la convocó la presidenta de la comisión, Ana Agudo.
Pero el PP tenía su estrategia para evitarlo y ha forzado que esos puntos se votaran. El PP se ha guardado de que todos los ediles necesarios estuvieran en el salón de plenos donde se celebran estas sesiones para no perder la votación. De este modo, aunque las tres concejalas del PSOE y también la de Vox han votado a favor de que comparecieran Carazo y Saavedra, del lado del PP la suma de votos han sido cinco: los de Agudo, Amparo Arrabal, Encarnación González, Carolina Amate y Fernando Amate. En el tercer punto, que era la comparecencia de Agudo, Vox ha votado en contra, al considerar que las respuestas a las intervenciones de la oposición ya era suficciente. En realidad lo de Agudo no ha sido una comparecencia. Lo que ha hecho ha sido replicar a las intervenciones de la portavoz socialista.
La única estrategia del gobierno del PP este miércoles no ha sido reventar esas comparecencias extraordinarias. También ha elegido este día para dar a conocer que ha remitido a la Fiscalía la investigación interna que, como publicó El Independiente de Granada, constata que el exjefe de la Policía Local José Manuel Jiménez Avilés presionó a dos policías locales que se negaron a retirar las multas y detalla que se 'fabricaron' quejas contra ellos para justificar que los apartaron de las responsabilidades de Tráfico.
Las conclusiones de esa investigación interna han derivado en la apertura de un expediente disciplinario a Jiménez Avilés. El instructor de esa investigación reservada, que es el término que se utiliza en la jerga administrativa, deslizó también que si así se determinaba por las autoridades, se podría remitir a la Fiscalía.
Eso es lo que ha hecho el equipo de gobierno, que lo ha anunciado hoy. También hoy ha cuestionado que se hayan publicado esas informaciones. Es un expediente que "nadie debería tener y es vox populi", ha criticado la concejala Ana Agudo quien, en sus argumentaciones para defender la manera de actuar del gobierno local ha llegado a cuestionar las conclusiones. "Se asume que esos testimonios son verdad". Eso ha originado un debate en torno a la presunción de veracidad de los funcionarios públicos, a la que Agudo, tras otro rifirrafe, también le ha puesto un pero, apuntando, previa participación del secretario, que se pueden aportar pruebas en contrario.
El grupo socialista, este miércoles antes de la comisión. psoe
La portavoz socialista ha puesto el énfasis en las responsabilidades políticas que se derivan de la crisis en la Policía Local de Granada, la mayor afrontada por el Cuerpo
La portavoz socialista, que antes de la comisión había informado de que el PSOE también pondrá el tema de las multas en manos de la Fiscalía, ha puesto el énfasis en las responsabilidades políticas que se derivan de la crisis en la Policía Local de Granada, la mayor afrontada por el Cuerpo con la investigación de los presuntos amaños en oposiciones, los audios en los que el exjefe Jiménez Avilés y otros mandos hablan abiertamente de las presuntas irregularidades cometidas, la presunta vulneración del Viogén de la expareja de un subinspector, que ha sido condenado por maltrato -en una sentencia recurrida- y también del caso multas.
Raquel Ruz ha criticado que Carazo no haya actuado con contundencia. Primero al no destituir a Jiménez Avilés y prolongar su salida; también por mantener a los mandos, cargos de confianza, que siguen ocupando el gabinete de la Jefatura tras la salida del anterior jefe; y, con el caso multas, al no amparar a los policías que denunciaron la situación.
Sobre la retirada de multas, que no solo se ha abordado en la investigación interna antes aludida, sino que fue uno de los asuntos conocidos a través de los audios publicados por el digital The Objective, Ruz ha preguntado cómo Avilés podía saber que había sido multada la diputada provincial Marta Nievas, que es la pareja de Jorge Saavedra; quién dio la orden para que se le retirara una multa que, según aseguró el gobierno local al publicarse estas informaciones, fue pagada; y por qué se decidió retirar a los policías el permiso para seguir la tramitación de las multas.
Este último aspecto ha provocado otro encontronazo. Y, aunque la concejala Ana Agudo considera que las críticas a la gestión en la crisis de la Policía Local solo tratan de "embarrar", ha expuesto dos aspectos a destacar. De un lado, asegura que los policías locales no tienen que estar al tanto de la tramitación de la sanción. Ha puesto como ejemplo Jaén, donde el actual jefe policial desempeñaba antes sus funciones. Según Rafael Domingo, hay sentencias del tribunales superiores que avalan que no se acceda a esa información. Esto es una novedad. El otro aspecto es que, pese a negar que se hayan retirado multas, la concejala de Seguridad Ciudadana ha asegurado que se está trabajando en la puesta en marcha de un sistema para garantizar la trazabilidad de esas sanciones.



























