El gobierno de Carazo no termina el documento base del Plan Albaicín y tiene que suspender la redacción de otros informes ya contratados
Vista del Albaicín. tom leiff eggert/archivo
El gobierno local que preside Marifrán Carazo ha tenido que suspender el contrato de asistencia técnica para afrontar la evaluación ambiental y el impacto en la salud del Plan Albaicín, además de su memoria económica, que son documentos que deben incorporarse al expediente, por no haber avanzado diligentemente en el documento base y su aprobación inicial.
La suspensión del contrato, que había sido adjudicado recientemente, se abordó en la Junta de Gobierno Local de este viernes 24 de julio. En el expediente figuran, entre otros documentos, la propuesta del área de Contratación para que se suspenda el contrato, firmado un mes antes; el escrito del director del área de Urbanismo admitiendo que no se ha terminado el documento de aprobación inicial y planteando por tanto esa suspensión; y el informe de Intervención.
"El Ayuntamiento no ha culminado el documento de aprobación inicial que sirva de referencia para la realización de los encargos, por lo que se considera necesario suspender, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público] la vigencia del contrato en tanto se terminan estos trabajos"
"El Ayuntamiento no ha culminado el documento de aprobación inicial que sirva de referencia para la realización de los encargos, por lo que se considera necesario suspender, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público] la vigencia del contrato en tanto se terminan estos trabajos", concluye el escrito de Urbanismo.
Los contratos suspendidos habían encargado la asistencia técnica para el estudio ambiental estratégico, "que debe dar respuesta a las indicaciones de los documentos de alcance remitidos el 3 de febrero de 2023, y aprobarse junto con la versión preliminar del plan y el resumen, y someterse a información pública de 45 días, y a las consultas e informes que procedan, en el plazo de 15 meses", y también la elaboración del estudio de impacto en la salud. Junto a estos estudios se encargó la memoria económica.
Aunque el gobierno local presumió del impulso a los trabajos para actualizar el Plan Albaicín-Sacromonte, esta suspensión refleja la gestión no ha sido todo lo diligente que se esperaba.
El documento está obsoleto, viene de los años 90 y los intentos de anteriores gobiernos del PP se frustraron. Con el PSOE en la Alcaldía, en sus dos últimas etapas, se dio un impulso a la renovación. A principios de 2023, el área de Urbanismo, con Miguel Ángel Fernández Madrid al frente, había recibido hasta 300 sugerencias en el proceso de participación que se abrió.
La llegada del PP a la Alcaldía dibujó un nuevo escenario en la política urbanística y, en el caso del Albaicín, al gobierno local le costó arrancar. De hecho, en febrero de 2024, tras un año en vacío, el concejal socialista Juanjo Ibáñez reclamó al equipo de gobierno que retomara los trabajos que se había encontrado en marcha y que mantenía "guardados en un cajón" desde hacía ocho meses.
La suspensión del contrato originará costes adicionales al Ayuntamiento
La adjudicación de los contratos ahora suspendidos iba a suponer un impulso. Pero el área de Urbanismo no ha terminado los trabajos iniciales y ha sido necesario darle al botón de pausa.
Esto no solo es un contratiempo. También tendrá costes para el Ayuntamiento. Así lo recogen documentos del expediente consultados por El Independiente de Granada, entre ellos el de la Intervención. Precisamente este, que da su conformidad a ese paso, advierte de que "debería haberse concretado de manera más concisa cuáles son los plazos estimados de aprobación de los citados documentos de alcance del Plan de Ordenación Urbana y Plan especial y catálogo del AlbaicínSacromonte (PEPRI Albaicin), ya que acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este", según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
